La identidad de los desaparecidos

con breves intervalos democráticos- con mano de hierro Bolivia entre 1964 y 1982, y cuyos restos humanos fueron encontrados en los últimos años.A sólo 10 días de cumplirse 35 años de la última asonada militar del 17 de julio de 1980, el fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, señaló que esa decisión se enmarca en el marco de convenios y tratados internacionales, y de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto de casos de bolivianas y bolivianos, víctimas mortales de la intolerancia política.El gobierno lanzó la convocatoria a todos los familiares de las víctimas de los desaparecidos forzosos durante las dictaduras para que se apersonen por el IDIF y se proceda con la toma de muestras de sangre.“Todo este proceso de toma de muestras es absolutamente gratuito y confidencial. Convocamos a todos los familiares de personas desaparecidas en época de dictadura para que se presenten en el IDIF a fin de que se tomen muestras para nuestro Banco Genético que servirá de base para las investigaciones”, señaló Guerrero.El Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) cuenta con tecnología de punta y la capacidad técnica como para crear el Banco de Datos Genético – Antropológico.Para la identificación de las personas desaparecidas durante las dictaduras militares se analizará muestras óseas de ADN extraídas de los restos humanos y muestras de sangre de sus posibles familiares, porque debido al tiempo transcurrido no existen registros médicos ni odontológicos de las víctimas que permitan su identificación con los métodos tradicionales.El análisis del ADN es una alternativa para lograr la identificación mediante la genética, porque la comparación del perfil genético de dos personas puede establecer con un alto grado de certeza si existe o no parentesco.La técnica consiste en comparar el perfil genético obtenido de la sangre del posible familiar con los perfiles genéticos obtenidos de muestras óseas de los restos de las personas que habían sido declaradas desaparecidas.Un informe de Amnistía Internacional de 2014 intitulado: “No me borren de la historia. Verdad, justicia y reparación” señala que “la falta de voluntad política para garantizar la verdad, la justicia y la reparación a las personas que sufrieron violaciones a los derechos humanos durante los regímenes militares autoritarios que gobernaron Bolivia entre 1964 y 1982 condena a las víctimas a ser borradas de la historia”.Según los datos de esa entidad defensora de los derechos humanos, durante las dictaduras militares en Bolivia, más de 150 personas desaparecieron de manera forzada, al menos 200 fueron ejecutadas extrajudicialmente y cerca de 5.000 sufrieron detención arbitraria y miles más fueron obligadas a exiliarse. Los familiares de los desaparecidos durante las dictaduras no pierden la esperanza de descubrir nuevas pistas que les permita encontrar el cuerpo de su ser querido. Hoy, no tienen un lugar donde honrar su memoria, y lo peor de todo es no tener una tumba donde llorar su muerte, tener memoria y pedir justicia para la persona desaparecida.De los líderes de los tiranos que en su momento asaltaron el poder, secuestraron la democracia y atentaron contra la vida de sus adversarios políticos, sólo Luis García Meza y Luis Arce Gómez fueron sentenciados por la justicia boliviana. No obstante, ambos pasan más tiempo en el hospital militar de La Paz –debido a las enfermedades que padecen y su avanzada edad- que en sus celdas del penal de máxima seguridad de ¨Chonchocoro.En ese contexto, que la Fiscalía General del Estado haya decidido crear un Banco de Datos Genético - Antropológico para la identificación de los cuerpos hallados de personas desaparecidas por razones políticas durante las dictaduras militares, es un hálito de esperanza para los familiares en el doloroso camino que transitan en la búsqueda permanente de justicia para sus seres queridos.