Cinco reos no quieren dejar la cárcel

Un preso que cumple su condena en San Pedro –quien no se identificó por razones de seguridad, según ese medio-, dijo que al menos cinco personas ya cumplieron su condena o un juez ya ordenó su libertad, pero no lo hacen porque no tienen a dónde ir y no saben en qué van a trabajar fuera de los muros de la cárcel para su alimentación y cobijo.Si bien el artículo 3 de la Ley Nº 2298 de Ejecución Penal y Supervisión, promulgada el 20 de diciembre de 2001, prescribe que “la pena tiene por finalidad proteger a la sociedad contra el delito y lograr la enmienda, readaptación y reinserción social del condenado”, la realidad nos muestra que la retardación de justicia, el hacinamiento carcelario y la discriminación por razones económicas y sociales vulneran derechos humanos fundamentales de los privados de libertad.La mayoría de los presos no cuentan con una profesión o un oficio, situación agudizada por la insuficiente cobertura de los programas de reinserción social, cuya ejecución es responsabilidad de las direcciones departamentales de régimen penitenciario.Según el Defensor del Pueblo, Bolivia cuenta con la mayor cantidad de presos sin sentencia en toda América Latina con un 84 por ciento, seguido de Paraguay con el 71 por ciento; mientras que Chile registra el menor porcentaje con el 16 por ciento. Respecto de la sobrepoblación en los penales bolivianos, un estudio de la Organización de Estado Americanos (OEA) señala en diciembre de 2012 Bolivia tenía el mayor nivel latinoamericano de hacinamiento en sus cárceles después de El Salvador y Haití que presentan un 300 por ciento y un 218 por ciento de sobrepoblación, respectivamente.En Bolivia el nivel de sobrepoblación carcelaria alcanza al 202 por ciento, ya que la infraestructura del total de las cárceles del país puede albergar hasta 4.880 detenidos, pero los internos superan los 14.000, mientras que la condición económica de los reclusos determina el tamaño de su celda, los privilegios para ser visitado y el lugar y la duración de su encierro.El artículo 74 de la Constitución Política del Estado señala que “es responsabilidad del Estado la reinserción social de las personas privadas de libertad y velar por el respeto de sus derechos (…) Las personas privadas de libertad tendrán la oportunidad de trabajar y estudiar en los centros penitenciarios”.De igual manera, el artículo 10, numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –del que Bolivia es signataria- determina que “las actividades que se proporcionan a los reclusos deben potenciar aptitudes y recursos de los privados de libertad de manera que al salir de los centros de reclusión puedan conseguir trabajo, ganarse la vida y mantener una familia”.No obstante, de cada 100 reclusos que cumplen su sentencia y recuperan su libertad, ¿cuántos accedieron a algún programa de reinserción social durante su permanencia en una cárcel?, ¿cuántos de los liberados consiguen trabajo en su calidad de ex reclusos y el estigma social que ello implica en Bolivia? Los datos arriba señalados nos indican que probablemente muy pocos.En ese contexto, el otorgar condiciones dignas de reclusión y en el marco del respeto a los derechos humanos a las personas que fueron condenadas por la comisión de algún delito se queda sólo como postulados de la Ley 2298.Y con una infraestructura carcelaria insuficiente, el hacinamiento insoportable, la escasez y con la conculcación de oportunidades, los programas de reinserción social en las cárceles sólo justificarán presupuestos, pero no solucionarán el drama de los ex convictos que ya en libertad no encuentran una oportunidad de empleo.Además, el hecho de estar estigmatizados por ser ex presidiarios los hace fácil víctimas de policías corruptos que los obligan a delinquir para ellos y no les permiten abandonar la delincuencia. ¿No será por ello, que cinco reos que cumplieron su sentencia ya no quieren abandonar la cárcel de San Pedro?