Un mes para aprender un idioma originario

en el marco de las disposiciones de la Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas, promulgada el 2 de agosto de 2012.“Los servidores públicos tienen la obligación de aprender un idioma originario y en este caso van a aprender en un mes el idioma aymara”, señaló Cárdenas, focalizando su convocatoria en quienes trabajan en la región occidental del país.Esa convocatoria de emergencia fue respaldada por el ministro de Culturas, Marko Machicao, quien admitió que una gran mayoría de funcionarios públicos no cumplieron el tercer artículo de las disposiciones transitorias de esa norma, el mismo que dispone que en un plazo máximo de tres años los servidores del Estado deberán “aprender el idioma de la región a nivel comunicativo”.“Es de emergencia porque vemos que pasa y pasa el tiempo y aún tenemos a nuestros servidores públicos sin saber ningún idioma. Cualquier servidor de este proceso tiene que darse cuenta de que tiene que tener más capacidad de trasmitir, de escuchar, de tener una buena discusión política en un idioma originario”, demandó Machicao.La ley promulgada en Sucre el 2 de agosto de 2012 por el presidente Evo Morales reconoce, protege, promueve, difunde, desarrolla y regula los derechos lingüísticos  individuales y colectivos y recupera los idiomas oficiales en riesgo de extinción de los habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia y se asienta en los principios de descolonización, equidad, igualdad, interculturalidad, personalidad y territorialidad.Reconoce como idiomas oficiales al español y a 36 lenguas originarias, y prescribe que los  idiomas oficiales en peligro de extinción deberán recibir atención prioritaria en la planificación lingüística, en la educación intracultural, intercultural y plurilingüe, así como en la investigación y la publicación de diversos tipos de textos por parte del Estado Plurinacional de Bolivia.En ese contexto y en el marco de la Ley 269, toda persona tiene derecho a recibir atención en su idioma materno en toda gestión que realice en cualquier repartición de la administración pública y entidades privadas de servicio público, de acuerdo al principio de territorialidad.Además, esa norma señala que en la contratación de personal, la administración pública y las entidades privadas de servicio público deberán ponderar el conocimiento de los postulantes de los idiomas oficiales de acuerdo al principio de territorialidad.Es decir, el propósito central de la Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas es reivindicar los derechos lingüísticos de los pueblos originarios históricamente vulnerados por imposición del colonialismo, el mismo que se mantuvo incólume en gran parte de la historia de lo que hoy es el Estado Plurinacional de Bolivia.Y como señala la misma norma, el que los funcionarios públicos aprendan la lengua originaria de la región en la que trabajan ayudará a desmontar las estructuras mentales de dominación –producto del colonialismo lingüístico y cultural- reproductoras del racismo, discriminación y explotación, para una convivencia armónica, incluyente, intracultural e intercultural en igualdad de condiciones con plena justicia social.No obstante, ¿por qué las autoridades esperaron hasta el último mes del plazo legal para conminar a los funcionarios públicos a aprender un idioma nativo?  ¿Qué acciones asumieron durante los dos años y 11 meses desde la vigencia de la Ley 269 para que los servidores públicos aprendan un idioma originario? ¿Será posible que en 30 días, 300.000 funcionarios públicos aprendan un idioma originario? ¿El Estado tendrá la infraestructura necesaria para dar en un mes a 300.000 personas espacios adonde acudir para aprender el idioma de su región? ¿Qué pasará con aquellos servidores que no aprendan un idioma nativo?Si bien el propósito de la Ley General de Derechos y Políticas Lingüísticas es muy loable, ya que reivindica los valores culturales que nutren la rica identidad cultural boliviana, su implementación debería ir acompañada de acciones puntuales y en los tiempos previstos –no improvisados- para garantizar el cumplimiento y el respeto de los derechos individuales y colectivos de todos los bolivianos.