Lucha contra la corrupción

el presidente Evo Morales demandóuna norma que premie y proteja a los subalternos que denuncien hechos de corrupción en el seno de esa institución, es decir, un mecanismo legal que coadyuve una profunda reforma estructural en el verde olivo.La convocatoria del Jefe de Estado fue realizada luego de hacerse pública una denuncia de la generala Rosario Chávez sobre presuntos hechos de corrupción como sobornos para ascenderde grado, abuso de autoridad, nepotismo y tráfico de influencias en los cambios de destinode los efectivos policiales.Una denuncia más entre muchas otras que actualmente investiga el Ministerio Público por presuntos hechos de corrupciónen instituciones y empresas públicas como los casos de YPFB y el Fondo Indígena, sólo para citar dos ejemplos. La lista sería muy larga si tomamos en cuenta los hechos corruptos en los gobiernos que precedieron al actual.Atendiendo el llamado del Jefe de Estado, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció este martes la sanción y promulgación de una “ley corta” que no sólo premie y proteja a quienes denuncien casos de corrupción en la Policía, sino también en las Fuerzas Armadas y en la administración pública.Transparencia Internacional identifica a la corrupción como el mal uso del poder encomendado para obtener beneficios personales y puede presentarsetanto en el sector público como en el privado. Es que la corrupciónse nutre de dos actores: de servidores públicos que aceptan sobornos y delas personas naturales o jurídicas que los pagan. Además, quienes sobornan y quienes se dejan sobornar se necesitan íntimamente para poder subsistir, coexistir y beneficiarse mutuamente.Universalmente se ha asumido que la corrupción no tiene rostro, es apátrida, no deja firma ni evidencias ypor ello es muy difícil combatirla. No obstante, su presencia desgasta la democracia y el estado de derecho de los países donde actúa, da pie al florecimiento de la delincuencia organizada y, lo peor de todo, afecta principalmente a los más pobres, porque desvía los recursos destinados a mejorar su calidad de vida.Por todo esto, la corrupción es un obstáculo muy importante en la lucha contra la pobreza y para el desarrollo; este fenómeno social no es ajeno a Bolivia.Como Estado parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ratificada por Bolivia en 2006, el Estado boliviano asumió el compromiso de prevenir, investigar y sancionar la corrupción, tanto en el sector público como el privado; establecer mecanismos de cooperación con otros Estados para perseguir actos de corrupción a través de la cooperación judicial o policial; recuperar bienes procedentes de actos corruptos e intercambiar asistencia técnica.  La tarea es ardua y compleja y requiere principalmente del compromiso, la coordinación y la eficacia, tanto de todas las instituciones que conforman los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo, como de ciudadanos comunes y la sociedad civil en su conjunto.Según el último informe de Transparencia Internacional, difundido en diciembre de 2014, entre 175 países evaluados Bolivia ocupa el puesto 103 en el índice de percepción de corrupción y mejoró tres puntos respecto de 2013 cuando se ubicó en el puesto 106.Desde el 31 de marzo de 2010, el país cuenta con la Ley Nº 004, de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas, orientada a establecer mecanismos yprocedimientos legales destinados a prevenir, investigar, procesar y sancionar actos de corrupción en instituciones del Estado y del sector privado.En ese contexto, es de esperar que una vez promulgada la “ley corta” para premiar y proteger a quienes denuncien actos de corrupción, sea un instrumento eficaz para buscar la erradicación de ese mal social y no sea utilizada con fines subalternos contra el adversario político o para dañar dignidades yhonras ajenas únicamente por cuestiones personales.