La protección a los niños y el aborto

Los argumentos de monseñor Sergio Gualberti contra el pedido, se apoyan en la postura secular de la Iglesia que rechaza la práctica del aborto, pues aduce que el problema no se soluciona al eliminar la vida que se está gestando. Muchos observadores subrayan el hecho que esta postura no contempla el riesgo físico y psíquico que, de continuar la gestación, implica para una niña que aún está en los albores de la adolescencia. Pese a todo ello, el defensor del Pueblo de Santa Cruz Hernán Cabrera, inició gestiones en el hospital del Plan Tres Mil para ejecutar el aborto. Si bien esta práctica no es aprobada por las leyes bolivianas, en febrero de 2014 se emitió una sentencia constitucional que aprueba la interrupción del embarazo  en caso de violación, estupro o cuando la vida de la mujer gestante está en riesgo, previa revisión médica.                                           El artículo 266 del Código Penal reconoce la figura del “aborto impune” en caso de que el embarazo sea consecuencia de violación, rapto “no seguido de matrimonio”, estupro (relaciones sexuales con menores) o incesto (relaciones entre una pareja con algún parentesco sanguíneo). Otra cláusula del mismo artículo admite la posibilidad de aborto en el caso de existir riesgo para la vida o salud de la madre gestante.    En el caso de abortos por violación la sentencia 206 del Tribunal Constitucional establece que para acceder a la interrupción legal de un embarazo se debe presentar copia de la denuncia de violación y el consentimiento de la gestante, ya sea niña, adolescente, joven o adulta, para así acceder a la operación. En este caso, la familia de la niña cuenta con todos los requisitos, sólo bastaría encontrar el médico que acceda a ejecutar el procedimiento.                Ante esta situación, cabe destacar que pese a la serie de leyes aprobadas que los condenan con penas máximas, los casos de violación conocidos en nuestro país en los últimos años se han multiplicado sin embargo, teniendo en cuenta nuestra realidad jurídica, muchos de los casos son encubiertos por lo que el porcentaje de los conocidos es mínimo frente a los que buscan sanciones, más aún si tomamos en cuenta que muchos de los casos donde las víctimas son niñas, en un 90% se dan al interior de sus familias.                     Tal vez las declaraciones del señor Arzobispo ignoran las cifras de violaciones contra niñas que se dan en Bolivia que, además son las mayores de América Latina, luego de Haití. Tampoco repara que este caso pone en juego el futuro de niñas vejadas cuyas familias terminan destruidas, realidad que –dada la inoperancia de las entidades del Estado– forzosamente repercutirá en la calidad de vida del otro niño, el que la niña violada está gestando.                                  Por ello urge admitir que esta realidad es intolerable, ergo, sería mucho más positivo que nuestra Iglesia Católica impulse campañas de educación sexual para que nuestros jóvenes tengan conciencia del daño que causa este tipo de excesos que muchas veces son impulsados por el consumo del alcohol. Tal vez ese sea el remedio ideal para evitar que otras niñas sean violadas y busquen la posibilidad necesaria de interrumpir sus embarazos.