Impuestos y el pecado de la carne

Si bien aquellas amenazas no se cumplieron en forma contundente, pues en algunas ciudades la distribución de carne a los detallistas era normal, hubo días que en ciudades como Cochabamba, la carencia fue total, a lo que se suma la postura de comerciantes que aprovechan el conflicto para incrementar el precio de la carne en dos o tres bolivianos por kilo. En La Paz, incluso se intentó involucrar en el paro a los comercializadores de pollo, ante el supuesto de que el cambio de régimen también los incluya.Tras un operativo en nuestra ciudad de Tarija se identificó tres frigoríficos que funcionaban dentro del régimen simplificado, lo que no correspondía dados los montos de sus transacciones. Los comercios cuyos capitales superan los $bs 37.000 y cuyas ventas son mayores a los $bs 138.000, deben tributar en el régimen general. En el país sólo existen dos frigoríficos que están inscritos en dicha categoría. El resto rechaza la posibilidad de emitir facturas. Los comercializadores consideran que la decisión de trasladarlos de régimen es simplemente una “terquedad” de las autoridades tributarias e insisten en su postura de permanecer en el simplificado. Es así que en varias ciudades del país hubo amagos de enfrentamiento, pues el día lunes algunos dirigentes salieron para obligar a los comercializadores de carne vacuna y pollo a suspender sus ventas. En La Paz, cinco de ellos fueron detenidos.En contraposición el ministro de Economía informó que los intermediarios de carne evaden impuestos anuales de alrededor $bs 300 millones, aunque en días anteriores, el presidente del Servicio de Impuestos Nacionales, SIN, dijo que la evasión del internador al Impuesto al Valor Agregado, IVA, e Impuesto a las Transacciones sería de alrededor de $bs 150.000 al mes. Se trata pues de una evasión que implica millonarias sumas de dinero.Todo ello nos permite considerar que la postura de las autoridades impositivas es correcta dada las altas sumas que genera el comercio de la carne, ergo, es deber de los intermediarios de dicho producto, cancelar sus obligaciones en la misma proporción que el resto de la población nacional; pues no sería tolerable que existan sectores de la población que gocen de privilegios que el resto no los tiene. Privilegios que también comparten los cooperativistas mineros y, por supuesto, los cocaleros.Tal vez para desmentir la existencia de tales privilegios, el ministro de Economía Luis Arce anunció que se trabaja una ley que norma el tributo impositivo a la comercialización de la coca que –pese a que es sabido supera por mucho las ganancias de los comercializadores de carne– el único aporte que se les exige es el de la suma de $bs 5 por taque de coca, para el funcionamiento de la Dirección General de la Hoja de Coca, Digcoin.Dicha ley, contemplaría la conversión de dicho aporte en impuesto, por lo que Digcoin pasaría a ser solventado por el Tesoro General de la Nación, TGN. Justo es subrayar que la libra de la hoja de coca supera los $bs 50 y un taque –lo suponemos– pesa algo como un quintal, esto sin mencionar qué pasaría con la sobreproducción de coca, cuyo destino sería el narcotráfico. Ergo, dicha norma sólo trataría de ocultar los privilegios de los que goza ese sector.