Los riesgos en la búsqueda de justicia

violación y lesiones, contra tres hombres –uno de ellos menor de edad– de la localidad de Samaipata, centro turístico cercano a la ciudad cruceña de Vallegrande. El 23 de noviembre de 2013, estos tres individuos la interceptaron para golpearla, robarle el bolso, la cartera y violarla brutalmente.        Fue entonces que la norteamericana, quien trabajaba como maestra en un colegio de Santa Cruz, inició un peregrinaje que parecía eterno entre Santa Cruz y Vallegrande, donde se desarrolló el proceso. Pese a existir evidencias para comprobarse la participación de los acusados y ellos admitir su delito, se estructuró una serie de postergaciones judiciales, además de abiertas intenciones de suspender el proceso a través de diversas presiones de toda índole, para de ese modo no aplicar la justicia.     Incluso un dirigente cívico de Vallegrande acusó a la estadounidense de que, con su denuncia, sólo buscaba desprestigiar a Samaipata como centro turístico. Y hasta el defensor de uno de los acusados aseguró que el ataque sexual se debió al estado de embriaguez de la víctima, aunque su abogado aseguró que ella no bebe alcohol pues es vegetariana. Otro de los defensores sostuvo que las lesiones que mostraba la víctima se debían a que ella es “activamente sexual”.Pese a las leyes draconianas que castigan este tipo de violencia hasta con 30 años de prisión, son conocidos los impedimentos que encuentra una mujer que se atreva a denunciar que fue víctima de violación en Bolivia. Recordamos las palabras de un médico cochabambino, hoy senador nacional, quien durante su campaña aseguró que las violaciones eran gestadas por las mismas víctimas, dadas sus tendencias al uso de ropa “provocadora”. En realidad, el hecho de lograr un fallo judicial que condena a los violadores, es algo que debiera llamarnos a una gran celebración pues, desde que se aprobó la ley contra la violencia de género, no más del 5 por ciento de los juicios por violación –que suman centenares– han culminado con un fallo, pese a que muchos legisladores exigían que las sanciones por violación incluyan la castración química para quienes las cometan.Sin embargo, pese a aprobar la ley entre bombos y platillos, demoraron más de dos gestiones para aprobar un reglamento, que sin embargo –lejos de facilitar el trámite legal de las víctimas– siembra de dificultades a cualquier intención de buscar el castigo para quien fue victimador, esto sin mencionar los costos económicos que el intento significa. Es por todo ello que incluso gran parte de las víctimas, tal vez el 70 por ciento, prefiere no denunciar el hecho, pues también corre riesgos del desprestigio social. Por todo ello resulta admirable la postura de Reneé Gurley, quien, al percatarse de que su condición de víctima no era suficiente para lograr un fallo justo, renunció incluso a sus derechos a la privacidad, haciendo público su caso, lo que provocó una fuerte reacción tanto en los medios de comunicación y las redes sociales, cuya presión provocó que, finalmente, el Tribunal de Justicia de Vallegrande dicte una sentencia contra quienes la abusaron.            La odisea que ha tenido que transitar esta ciudadana estadounidense para lograr que finalmente se le haga justicia nos muestra la situación angustiante que en nuestro país vive la mujer, cuyo riesgo como víctima de la violencia de género no sólo sigue vigente, pese a que existen leyes que supuestamente la protegen, cuando en realidad abren la posibilidad de estigmatizarla socialmente para siempre.