Para dar mal uso a las costumbres

dada su condición de opositora al MAS no le permitirían desarrollar un trabajo tranquilo, tanto que su actitud de nominar en persona a subalcaldes distritales fue la gota que colmó el vaso. Dirigentes de la Federación de Juntas Vecinales, Fejuve, anunciaron bloqueos de calles a fin de paralizar esa ciudad indefinidamente.Las acciones fueron inmediatas: se bloqueó el paso al botadero municipal de manera de iniciar la acumulación de basura en las calles de esa ciudad que supera el millón de habitantes, incluso surgieron amenazas para cortar el suministro del agua potable, medidas subversivas contra un gobierno municipal elegido por una amplia mayoría. La respuesta de la Alcaldesa fue clara, la nominación de sus directos colaboradores es atribución única de su autoridad.  Se inició bloqueo de carreteras y la toma de subalcaldías, con la agresión física contra algunas autoridades recién nominadas. Dirigentes vecinales justifican su actitud aduciendo que, por usos y costumbres son los movimientos sociales quienes deben nominar a las autoridades ediles, en respuesta la Alcaldesa recordó que la asignación por usos y costumbres es un mecanismo propio de territorios indígena–originarios, por lo que no puede regir en El Alto, que es territorio urbano.                                        La atribución de juntas vecinales para decidir en la administración del municipio alteño empezó en la gestión del alcalde José Luis Paredes (2000—2005) quien, en clara actitud prebendalista, les entregó la conducción de subalcaldías como parcelas de poder. Esta situación provocó la inviabilidad administrativa de los gobiernos ediles, pues la dirigencia vecinal apunta a proteger sus intereses personales, por lo que la administración municipal es hoy un caldo de cultivo para la corrupción.          Es así que antes de las elecciones de marzo, cuando el alcalde Edgar Patana iniciaba la campaña electoral para su reelección, se difundió un video de cuándo él era un alto dirigente de la Fejuve. Allí se ve que recibe de manos de quien entonces era Alcalde, un misterioso paquete que guarda en una maleta. Tras estas imágenes, el presidente Evo Morales pidió en persona el cambio de candidato masista.            La “rebelión” de los dirigentes vecinales contra las disposiciones de la nueva Alcaldesa fue causa para que se destapara una sólida estructura de corrupción. Son nueve los sectores sociales que usufructúan cuotas de poder en El Alto, desde la Central Obrera Regional hasta la Federación de Choferes, quienes disponen del cuoteo de cargos municipales e incluso eligen las empresas que firmarán contratos con el municipio, a cambio del 10 por ciento del total del contrato.                Las juntas vecinales rechazan que alguien fiscalice su participación en las subalcaldías distritales e incluso dirigentes que son parte de la Empresa Municipal de Aseo, cobraban hasta 500 bolivianos por asistir a reuniones que no duran más de 30 minutos. Además, el exalcalde Edgar Patana entregó alrededor de 24 vehículos a organizaciones sociales de esa urbe a cambio de que lo dejaran gobernar. Esos dirigentes rechazan hoy cualquier pedido de devolución de los vehículos.                          En respuesta los vecinos organizaron un cabildo que exige un plazo de 30 días para que la Fejuve llame a un congreso que elija una nueva directiva. En tanto el Gobierno Central prefiere ver el conflicto desde lejos. Salvo el viceministro de Descolonización que anunció un juicio por racismo y discriminación contra la Alcaldesa, porque al mencionar el concepto de “usos y costumbres” dijo que sólo corresponde a los “pueblos originarios”, ergo, “no es aplicable a los ciudadanos”. Al pedir disculpas, ella aclaró que por error utilizó la palabra “ciudadano” en lugar de “citadino”.