De allá y de aquí

Lo del terrorismo seguirá siendo noticia mundial, pero deberíamos prestarle atención a lo que está haciendo aquí el Ministerio de Transparencia y Enriquecimiento Ilícito, en cuanto a la actuación de algunos funcionarios públicos.Una modesta noticia de agencia, publicada ayer, informa que fueron enviadas a la Fiscalía 50 denuncias para que investiguen a policías de alto rango, jueces y fiscales cuyas “fortunas” crecieron en forma inexplicable.Esa investigación es, por supuesto tanto o más importante que lo que sucede en París o en Ucrania, porque existe en nuestro país una ley específica para tales casos de corrupción y es la ley llamada Marcelo Quiroga Santa Cruz, que ahora poco se menciona.Sirva la oportunidad, también, para recordar que sobre esas fortunas de dudoso origen se ha publicado por lo menos un libro digno de mencionar y que se refiere a cómo amasó su riqueza el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.La ministra Nardi Suxo informó recientemente que su ministerio realizó la verificación de oficio de las declaraciones juradas de Bienes y Rentas de más de cien servidores y ex servidores de la Fiscalía, Órgano Judicial y de la Policía.Se hizo la verificación de centenares de expedientes y se encontró que en muchos existen indicios de responsabilidad, por lo que 20 fiscales, 18 jueces y 12 policías tendrán que rendir cuentas ante el Ministerio Público.No se trata de un caso aislado, sino de medio centenar de casos, que suponemos que van a ser investigados a fondo y que los resultados no los conoceremos solamente por alguna otra modesta publicación de alguna otra agencia de noticias.Sabemos que en todos los casos de investigación es recomendable la discreción, pero no se debe confundir una actitud discreta con el secretismo, porque este puede favorecer para que la impunidad no termine imponiéndose a la justicia.Tenemos como agravante el hecho de que los 50 casos que ameritan investigaciones con más profundidad corresponden a funcionarios públicos cuya honestidad no debería estar ni por casualidad puesta en duda.Por esa razón y porque la reserva de sumario es también un derecho que merece respeto, tendremos que  darles a los investigadores tiempo razonable para que hagan sus labores, pero nos mantendremos pendientes de estos casos y de sus resultados.Suponemos que los investigados por el Ministerio Público no tendrán oportunidad de salir del país, porque también existe el riesgo de que se consideren “perseguidos políticos” como ha sucedido ya en otros casos, que serán tema para comentario aparte.De todas maneras todos los funcionarios públicos, sean jueces, policías, procuradores o contralores, deben estar también sometidos al control social, pero esto exige madurez de la sociedad civil, y eso no es fácil de construir, aunque lo estamos  haciendo.Mantengámonos siempre atentos, entonces.