Tierra sinónimo de muerte en Honduras

Hombres encapuchados y armados ultimaron el pasado miércoles a Murillo en El Marañón, comunidad próxima a la ciudad de Villanueva, del norteño departamento de Cortés, donde ella dirigía a más de una veintena de agricultores, que buscaban legalizar unas tierras.Se supo que la víctima mortal, coordinadora del Frente Nacional de Resistencia Popular en Cortés, tenía previsto presentar en el Instituto de Reforma Nacional el caso sobre la legalización de tierra de los campesinos de su región.La familia de esta fundadora del partido Libertad y Refundación (Libre) también ha sido víctima de la represión, pues el 26 de julio anterior, militares hondureños secuestraron a su hijo Samuel, de 23 años, quien hasta hoy permanece desaparecido. Oscar, esposo de quien estuviera ligada al movimiento campesino de su país durante más 40 años, resultó herido de bala en una pierna durante una manifestación sofocada por uniformados.Lamentablemente no es un hecho aislado el trágico final de Murillo, quien fuera torturada, golpeada y violada en los años ‘80 del pasado siglo en Honduras. Nicaragua, México y El Salvador fueron algunos países en los cuales estuvo exiliada. Cerca de 200 campesinos resultaron asesinados y unas 700 campesinas están acusadas en la actualidad en los tribunales por reclamar un pedazo de tierra, denunció ante el Congreso -a raíz de la muerte de Murillo-, el diputado por el partido Libre, Rafael Alegría.Como un asesinato político, calificaron el homicidio de Murillo mujeres de las 26 organizaciones que conforman la Plataforma Nacional Mesoamericanas en Resistencia por una Vida Digna.Mediante un comunicado alertaron a la comunidad nacional e internacional sobre la implementación de una estrategia de criminalización, terror y asesinato de luchadores sociales y defensores de los derechos humanos.Por su parte, el Partido de la Izquierda Europea condenó enérgicamente el crimen contra Murillo, una de las principales lideresas opositoras en Honduras, tras el golpe de Estado perpetrado en junio de 2009 contra el presidente constitucional de ese entonces, Manuel Zelaya.“Condenamos enérgicamente este cobarde asesinato y pedimos que se ejerza una presión internacional al gobierno hondureño para solucionar este crimen y llevar a la justicia tanto a sus autores materiales como intelectuales”, demandó en un comunicado la mencionada agrupación.La zona del Bajo Aguán, valle de 200 mil hectáreas ubicado en los norteños departamentos de Colón y Yoro, también ha sido escenario de conflictos por tierra entre empresas agroindustriales y organizaciones campesinas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha manifestado preocupación por las amenazas y detenciones de líderes campesinos en el Bajo Aguán.En mayo último, miembros de la Policía, el Ejército y guardias de seguridad privada habrían desalojado violentamente a 300 familias del Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán en el municipio Trujillo, Colón, señaló ese órgano de la Organización de Estados Americanos. Otras 350 familias del Movimiento Campesino Fundación Gregorio Chávez habrían sido expulsadas de manera violenta por autoridades hondureñas de la finca Paso Aguán, según la CIDH, que instó al Gobierno a adoptar las medidas para garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los defensores humanitarios