Petróleo y agua

Del petróleo, sabemos que es el principal factor presente en los conflictos que viven Venezuela y el Ecuador, con más notoriedad en el primero, pero sin descartar que el litigio ecuatoriano con la petrolera Chevron está vigente.No son los únicos casos, por supuesto, pero por hoy nos concretaremos en esos, dejando para otro momento el petróleo de Nigeria, de Alaska, de Canarias y de otros lugares del mundo, donde también el viscoso líquido provoca líos y conflictos.En el Ecuador dijeron que el juez Lewis Kaplan, quien falló en contra de los ecuatorianos afectados por la petrolera Chevron durante un reciente juicio en Nueva York, tiene vínculos financieros con la transnacional.De acuerdo con un comunicado divulgado en Quito por la Unión de Afectados por la petrolera Texaco (filial de Chevron), Kaplan tiene acciones en al menos tres fondos donde también posee intereses la compañía estadounidense.El texto apunta que el jurista nunca mencionó estas relaciones financieras, y tampoco aplicó la ley federal de Nueva York, que exige a los jueces retirarse de un caso en “cualquier procedimiento en el cual la imparcialidad pueda razonablemente ser cuestionada”.Mientras eso sucede con relación al conflicto con Chevron, también en el Ecuador los ecologistas se empeñan en que el gobierno ecuatoriano no autorice la explotación petrolera en Yasuní, zona considerada de potencial valor petrolífero y piden hasta “referéndum” sobre el tema.En cuanto al agua, para nadie es secreto que detrás de la privatización del uso del precioso líquido están poderosos intereses, en todo el continente y, en general, en todo el mundo. Pero no se trata de privatizar solamente el agua potable, sino también la navegabilidad de los ríos.Algo en ese sentido existe en una reciente licitación del gobierno colombiano, para recuperar el rio Magdalena, que era una importantísima vía (la única, por muchos años) para comunicar la costa con el interior en Colombia.No tenemos muchos datos sobre la licitación excepto que las obras pero se sabe que el Consejo Superior de Política Fiscal de Colombia aprobó 1.300 millones de dólares para la ejecución de la iniciativa, de cuyo monto el 94% será financiado por el Gobierno Nacional.Hay 3 grupos precalificados por el proyecto: el consorcio Navega Magdalena, integrado por la española Acciona, la belga Jan de Nul y la colombiana Castro Tcherassi; Desarrollo Río Magdalena, conformado por la española Iridium y las holandesas Van Oord, RM Holding y Juneau Business; y PSF Navelana, compuesto por la brasileña Odebrecht y la colombiana Valorcon.De la asociación del Estado con intereses privados, existen malos antecedentes, al extremo de haber sido consideradas “asociaciones de caballo con jinete” sin necesidad de explicar quién “maneja” la eventual pareja.En todo caso, en estas cuestiones es mejor prevenir, para no tener que lamentar.