Incentivos exploratorios pero con transparencia

Los esfuerzos exploratorios, en consecuencia, deben ser compartidos. Por un lado el gobierno central y, por otro, las regiones productoras. Tarija, en ese contexto, debiera liderar las propuestas e iniciativas en materia de políticas hidrocarburíferas que tiendan a garantizar más reservas probadas de gas y petróleo. Pero promoviendo que los nuevos descubrimientos no sean únicamente destinados a la exportación pura y simple, sino, fundamentalmente, a la industrialización, actividad que generará diez veces más ingresos que las regalías e impuestos, además de mayores fuentes de empleo para los bolivianos.No parece razonable, por lo expuesto, la oposición llana a la puesta en vigencia de incentivos exploratorios, como algunos políticos ya se han expresado. El alcalde municipal de Tarija, Oscar Montes, fue, tal vez, el más acucioso al exigir que la propuesta de incentivos vaya acompañada con planteamientos societarios de las regiones productoras en la etapa de explotación. Sus observaciones apuntaron también a señalar una evidente contradicción en el seno del gobierno nacional: ¿Cómo es posible que se exija a las regiones coadyuvar en el financiamiento de la exploración hidrocarburífera y, a la vez, que el Ministerio de Economía preste recursos del Tesoro General del Estado a cuestionados bancos ingleses y estadounidenses a tasas de interés irrisorias, cuando está claro que ese dinero se lo necesita en Bolivia?El respaldo regional y de todos los bolivianos al potenciamiento de YPFB es una obligación. Pero lo es también que el gobierno actúe coherentemente en materia de políticas económicas. Los errores en ellas hacen plenamente justificadas las críticas expresadas por el alcalde tarijeño y generan reticencias en la ciudadanía que advierte las incongruencias de fondo.El ministro de Hidrocarburos, Juan José Sosa, aclaró que el pago de las regalías e impuestos diferidos se financiarán con la producción de los campos nuevos a descubrirse y no afectará el actual nivel de ingresos departamentales. Pero esto significa también que esos pagos se anotarán en la cuenta de “Costos Recuperables”, según los contratos que YPFB suscribe con las transnacionales. Para evitar las susceptibilidades y reticencias, es preciso que, junto a la propuesta, YPFB publique de una buena vez los detalles de los costos recuperables reconocidos y pagados a las transnacionales desde el 1 de mayo de 2007 a la fecha. Estas cifras superan con creces los 4.000 millones de dólares, por lo que es un derecho de los bolivianos conocer en qué consisten esos pagos, y quienes y bajo qué métodos los aprueban. Incentivos, pero con transparencia y buena fe, conseguirán aliados. La ausencia de ellas continuará generando dudas y desconfianza en el departamento y en el país.