Examen al sistema judicial

No solamente por los funcionarios comprometidos y ya procesados por extorsiones, o cohechos, que es la denominación apropiada del delito, sino porque parece que se viene nomás un indulto masivo, que también tendrá que ser muy bien pensado y mejor aplicado, para que cumpla sus objetivos ideales y no derive en mayor desorden.Pero vayamos con los cohechos.  El cohecho (coloquialmente “coima” o “soborno”) es un delito que consiste en que una autoridad o funcionario público acepta o solicita una dádiva a cambio de realizar u omitir un acto. En este delito se considera que el bien tutelado es la administración pública.Mientras el escándalo sobre recientes cohechos de funcionarios públicos crece como bola de nieve, a alguien se le ocurrió que no solamente deben ser juzgados quienes reciben los cohechos, sino también quienes los ofrecen.Apelando a Sor Juana Inés de la Cruz (¡qué apelación!) diríamos que consideran que se debe juzgar tanto a quienes “pecan por la paga” como a quienes “pagan por pecar”. Así está la cosa.Viene (o vendrá) luego lo del indulto que, hasta ahora, todavía no está totalmente claro si será por ley de “La Pluri” o por decreto. Pero eso es secundario. El director nacional de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, informó que un Decreto Presidencial viabilizará el indulto de los privados de libertad en Bolivia y no una ley como estimaba hasta ahora, en beneficio de unos 1.200 internos de las diferentes cárceles.Más cerca de nosotros tenemos el “caso Sedeca”, en el cual francamente resulta difícil aplicar el principio de inocencia o presunción de inocencia que es un principio jurídico penal que establece la inocencia de la persona como regla. Es que el Servicio de Caminos de Tarija (Sedeca) tiene expedientes tan voluminosos sobre delitos, probados o por probar, que la lógica elemental se resiste a presumir inocencia.No nos referimos, por supuesto, a los honestos trabajadores de base de Sedeca, que son también víctimas de la mala fama de la institución, sino a quienes la condujeron hasta ahora, en medio de cuestionados contratos de personal para “apoyo político”, adquisiciones sin cumplir los requisitos legales y hasta desaparición de una nómina de sueldos, que fue un hecho criminal violento,  complicado y todavía pendiente de explicar.O sea que parece que sin que nadie explícitamente se lo propusiera (es decir sin premeditación) al sistema judicial reconstituido, incluidos jueces, fiscales y también abogados de parte y parte y personal subalterno, le llegó una de sus primeras pruebas intensas.Vamos a ver si pasan el examen para programar luego su respectiva graduación. La calificación la pondrá, como es natural, la sociedad civil.Sobra recordar que las calificaciones de la sociedad civil son rotundamente inapelables.Estaremos esperando.