“Tumbadores” y traficantes de tierras

Esta red tiene varias formas organizativas que a veces actúan independientemente o en coordinación circunstancial, sin embargo de ninguna manera podrían operar si no tuviesen información que se maneja en Ordenamiento Territorial del municipio, Catastro Urbano e INRA. Un caso que demuestra la hipótesis planteada es el del señor Cecilio Pimentel Cabezas cuyo lote de terreno repentinamente apareció inscrito en Catastro Urbano a nombre de otra persona por disposición judicial, Pimentel hace un escándalo en Catastro y amenaza con denunciar al Ministerio de Transparencia, a la prensa, etc., etc., a los quince minutos de haber salido de Catastro, recibe una llamada de una persona que se identifica como abogado del nuevo dueño para decirle que disculpe que se equivocaron de terreno, que no quieren tener ningún problema. ¿Cómo se enteran los delincuentes que Pimentel iba a hacer problemas a los quince minutos de haber protestado en las oficinas de Catastro? Al día siguiente, Pimentel solicita a Catastro la documentación con la que se procedió al cambio de nombre y le dieron fotocopias de un proceso de usucapión que se hubiese tramitado en el Juzgado de Partido Sexto en lo Civil, luego se dirige a DD. RR. y saca una certificación donde consta que su lote está a nombre de otra persona como consecuencia de un proceso de usucapión, va al juzgado y le dicen que dicho proceso nunca se realizó. En resumen le quitaron su lote registrándolo a nombre de otra persona con un proceso de usucapión falso. ¿De dónde sacaron la información para fraguar el proceso de usucapión?, Pimentel presume que de Catastro. Otra forma que toma la apropiación de tierras en Tarija, pero en grande, es la forma de los asentamientos, no en todos, pero en muchos de los casos de asentamientos, unos cuantos dirigentes utilizan el discurso de los pobres para asentarse en terrenos privados, comunales, del Estado o, que tienen algún conflicto legal.  El caso es que un pequeño porcentaje de los terrenos es para la gente que realmente no tiene vivienda (bandera) y la mayor parte de la tierra es negociada por los dirigentes a personas pudientes, en su mayoría comerciantes. Se llegó al extremo con esto de los asentamientos que a un propietario que tenía programado poner vid en su terreno se le asentaron y a los días dos dirigentes lo buscaron para pedirle 50.000 dólares para irse, la victima resignada pagó y el asentamiento se fue.   En todos los casos los que pierden siempre son los pobres, ya sea por que caen en manos de estafadores que les venden barato un terreno “tumbado” a otra persona - luego cuando se descubre la falsificación, la venta se anula - o ya sea por que caen en manos de organizadores de asentamientos que los utilizan como carne de cañón y bandera durante años si no es décadas que es lo que dura tener papeles saneados de un terreno de “asentamiento”. Lamentablemente la mayoría de los que organizan asentamientos en Tarija, abrazan o se declaran afines al proceso de cambio (MAS) como una forma de lograr sus objetivos, sin embargo paradójicamente el MAS pierde elecciones en los asentamientos ¿Por qué? Tal vez porque los pocos pobres realmente asentados (los que viven en el lugar) dan voto castigo a sus dirigentes “masistas” que, sinvergüenza, se aparecen en sus vagonetas último modelo a vender el 80% de los lotes de los asentamientos. Tarija está viviendo un fenómeno que acarrea complicaciones jurídicas, sociales, económicas y políticas, el lunes 5 de marzo la alcaldía anuncio la construcción de una moderna terminal en la zona de torrecillas y a los dos días se produjo el asentamiento número 58 de la ciudad de Tarija precisamente en una zona donde con seguridad el precio de los terrenos aumentara diez veces su valor cuando comiencen las obras de la nueva terminal de buses.    El Estado no puede ser indiferente a este fenómeno que en última instancia vulnera por una parte, el derecho a la seguridad jurídica de propietarios pobres y ricos y, por otra el derecho constitucional a la vivienda y los servicios básicos de los verdaderos sin techo que caen en las redes de organizaciones criminales que se aprovechan de ellos. Las personas que no pueden acceder a una vivienda por sus propios medios tienen derecho a que el Estado en sus distintos niveles establezca el mecanismo institucional adecuado que permita garantizar su derecho.