El alboroto judicial

O sea, quienes en realidad están alborotados, esta vez más que en otras oportunidades, son los abogados, los fiscales y, por supuesto, los jueces, ahora elegidos por voto popular y a punto de ser sometidos a la inexorable prueba de la práctica, no siempre con los mejores augurios.Estamos a punto de estrenar un nuevo ordenamiento de los conceptos, de las cosas y de las personas y aunque ese nuevo ordenamiento lleva meses en preparación, aún somos muchos quienes nos preguntamos: ¿Qué es justicia? ¿Qué demanda de los individuos y sociedades? ¿Cuál es la distribución apropiada de riqueza y recursos en la sociedad?: ¿igualdad, meritocracia, estatus, o alguna otra posibilidad?Esto, por supuesto, no es sólo cuestión de hoy. Hace una semana el presidente Morales planteaba modificar sustancialmente la Ley SAFCO, que regula los sistemas de administración del Estado, uno de cuyos reglamentos esenciales que está dirigido a que el accionar de las autoridades logre las mejores ventajas para el interés nacional (las Normas Básicas del Sistema de Contratación de Bienes y Servicios), ha sido incumplido por él mismo, y varias veces: Evo Morales firmó 44 contratos petroleros “de operación” (servicios, según las autoridades gubernamentales) en octubre de 2006 sin mediar licitación alguna. Adjudicó directamente a las transnacionales el derecho de seguir explotando campos gasíferos, convalidando los cuestionados actos inconstitucionales de sus predecesores. Peor aún: forzó el reconocimiento de esos ilegales “derechos adquiridos” a favor de las transnacionales petroleras introduciendo una salvaguarda en la disposición transitoria Octava de la nueva Constitución Política del Estado, aprobada el año 2009.  Suma y sigue: El gobierno encabezado por Evo Morales  adjudicó directamente, sin mediar licitación ni competencia de precios alguna, la construcción de tramos carreteros a la empresa AMVI por varios millones de dólares. Esta “empresa” está conformada por activos de varios municipios del Chapare cochabambino. Eso es solo un botón de muestra y por eso es justificable el temor que sienten personas como Nelson Vila Santos, a quien no tenemos el gusto de conocer personalmente, pero cuya opinión respetamos cuando sostiene que “la posesión de nuevas autoridades en el Poder Judicial no le conferirá al ciudadano común el derecho a la justicia e igualdad ante la ley que anhela y que la propaganda oficialista promete insistentemente”. “Por el contrario – añade Vila -, por  todas las señales que exhala hoy el poder político en Bolivia, la nueva cúpula magistradas y magistrados –de rostro mayoritariamente “indígena”- podría ser la puntada final de los fines y propósitos de un renovado “superestado”, materialización del imperialismo transnacional en Bolivia, para defender los intereses de las empresas petroleras,  mineras, agroindustriales y financieras, que hoy gozan en el país de los más grandes privilegios desde el periodo de los barones del estaño”.Y sigue con este razonamiento: “Para las transnacionales es sumamente importante copar el Poder Judicial en Bolivia por nuestra tradición histórica. No quieren repetir la situación de la primera nacionalización de 1937, cuando la Corte Suprema de Justicia falló en contra de la Standard Oil por incumplimiento de contrato y permitió la recuperación del petróleo y la creación de YPFB”.Estamos alertados, entonces, para que esos malos augurios no se cumplan.Amanecerá y veremos