Contratos petroleros y jurisprudencia

Es algo que se nos ocurre como muy interesante a propósito de algunos actos de gobierno (de gobiernos pasados) que serán ahora juzgados y con los cuales se creará jurisprudencia entendiendo por ésta la interpretación jurídica que realizan órganos jurisdiccionales competentes con la finalidad de aclarar posibles lagunas en relación con las leyes. Así, es posible crear jurisprudencia a través de las reiteradas interpretaciones que hacen los tribunales en sus resoluciones de las normas jurídicas.Y en esto de las responsabilidades de los gobernantes hay mucho que crear, no solo para juzgar gestiones pasadas, sino para evitar que en esta y en las futuras los errores se repitan impunemente.Particularmente en el enriquecimiento ilícito conectado de alguna manera a funciones públicas, hay mucho por juzgar, aprender y crear jurisprudencia. Porque ahí hemos tenido de todo, desde flagrante nepotismo al más alto nivel, hasta festines de contratos para realizar obras públicas en pago a favores que facilitaron elecciones en distinto niveles.Nada de eso es secreto. Todos sabemos que llegamos a tener un presidente, Goni, cuyo hermano (hermano legítimo por cierto) era Contralor General de la República. Realmente macondiano y hasta ahora no se sabe que se haya juzgado y sentado jurisprudencia sobre esa situación, donde lo único legítimo era el parentesco.Por supuesto que será una tarea dispendiosa y poco grata, porque conductas como esa de “tú me elijes, yo te contrato (o yo te nombro) están arraigadas en nuestra práctica política y han hecho que esta tenga ahora tan mala fama.Tenemos entendido que, felizmente, los delitos contra el Estado no prescriben, es decir no desaparecen con el paso del tiempo. Eso tiene también que ser regulado.Lo otro importante es la “prescripción de dominio” sobre bienes que hayan sido producto de acciones ilegales o ilegítimas, pretendiendo en forma torcida volver “privado” lo que es público. Será la forma de que el Estado recupere lo que estaba “perdido” y es aún disfrutado por testaferros.Todas estas consideraciones se nos vienen a la cabeza a propósito de haber sido autorizada la realización de un juicio de responsabilidades contra los ex presidentes Gonzalo Sánchez de Lozada y Jorge Quiroga Ramírez por la firma de contratos petroleros lesivos a los intereses del Estado.El tema es adicionalmente peliagudo, porque no solo en gobiernos pasados sino inclusive en el actual hay contratos con empresas petroleras que merecen ser revisados a conciencia. Hay pendiente, por ahí, un asuntito de auditorías a esas empresas, dentro del proceso de nacionalización, que todavía no nos tiene a todos satisfechos.Que procedan esos juicio, entonces y aunque no seamos profesionales ni expertos en temas judiciales, si es necesario alquilaríamos un balcón.