Hablando de los prediarios y las cárceles desde la casa del jabonero

El tema de las cárceles es noticia cuando los grandes penales del país están en emergencia o conflicto; pués también las otras cárceles tenemos los mismos problemas y necesidades solamente que tratamos de evitar en lo posible conflictos al interior del penal optando por el diálogo y la concertación como hasta ahora se viene haciendo y que quizás gracias a ello en forma silenciosa se están realizando grandes logros: capacitación en sastrería, carpintería y otros rubros.El problema de los prediarios, hacinamiento, retardación de justicia – en nuestro penal 85 % son detenidos preventivos- son problemas de siempre, resueltos con parches o soluciones paliativas que sólo retardan y gravan más el problema, entonces se deben buscar soluciones definitivas otorgando competencias a las Gobernaciones y Alcaldías. Es triste escuchar por los medios de comunicación a algunos opinólogos sobre las cárceles cuando tal vez nunca visitaron en su vida un recinto penitenciario por lo que hablan de memoria y pienso que peor conocer de la existencia de una Ley que rige la vida al interior de los penales como es la Ley 2298 y su Reglamento (Ley de Ejecución Penal y Supervisión en vigencia desde el 20 de Diciembre e 2001).Desde el año 2005 por Ley 3302 del 16 de Diciembre de 2005, ya se transfieren ciertas competencias a las Gobernaciones, también con ciertas limitantes reglamentadas por otros decretos. En dicha Ley el Gobierno Departamental se hace cargo del 65 % de los gastos de prediarios y otros; pero aquí si hay un pero, que hace que se pierda el poder adquisitivo de los miserables 5 bolivianos con 50 centavos de bolivianos que actualmente son los prediarios por persona, tengan que debitarse de las cuentas de las Gobernaciones al Ministerio de Gobierno en La Paz, y que luego de toda esa burocracia nuevamente recién se desembolsa a Régimen Penitenciario a nivel Departamental lo que hace que se demore de un mes a dos meses el pago a los proveedores; por lo que el proveedor por esa espera lo aumenta de un 20 % a 30 % al valor de los productos que nos proveen mas sus ganancias, y en muchos casos el proveedor ni siquiera es comerciante sino un intermediario que tiene capital y corre el riesgo de trabajar con Régimen Penitenciario por lo que se dice que nadie quiere proveer a los penales. Ahora que debe hacerse para que se recupere en algo el poder adquisitivo de los miserables 5,50 bolivianos o lo que nos aumenten 20 % que llegarían a ser alrededor de 6, 60 a 6,70 bolivianos por persona con lo que se debe desayunar, almorzar, cenar es optimizar esos recursos desembolsando directamente desde las Gobernaciones, si es posible a principios del mes y al día sin retrasos para que quizá ya se pueda prescindir de proveedores e intermediarios que lo único que hacen es buscar su ganancia. Podríamos comprar al contado nuestros productos y hacer contratos con carnicerías con avícolas con productores de verduras con algún comerciante mayorista de abarrotes y con EMAPA para comprar los productos más barato y en nuestro medio las verduras en su tiempo son muy económicas lo que ayudaría en fortalecer la alimentación, mejorando la salud. A este problema de la burocracia económica se suma que como el prediario llega con un retraso de un mes a dos meses pués los nuevos detenidos preventivos estén alimentándose con el prediario de los antiguos y si de golpe por mes entrasen detenidos de diez a veinte personas ya afecta en la distribución de los alimentos porque disminuye la ración.La solución que se debe dar es legal en principio y no es problema de este gobierno que exista esa burocracia económica – ya que esa ley no se aprobó en el gobierno del presidente Evo Morales- ; pero ahora la solución definitiva pasa por que sea una política de Estado definir con una Ley esa transferencia directa de recursos sin débitos automáticos ni nada por el estilo; sino que las Gobernaciones asuman de forma directa bajo el principio de las Autonomías Departamentales estas competencias y que tal vez en nuestro medio podamos lograr una sustancial mejora en nuestros prediarios y demás situaciones por cuanto nuestra Gobernación cuenta con los recursos para este efecto. Mas la solución definitiva pasa porque se despoblen las cárceles y no se envíen con detención preventiva a las personas por delitos de vaga tela, ya que como bien pueden percibir tener a una persona detenida significa un gasto enorme para el Estado en cuestión de prediarios, gastos de funcionamiento, pago de sueldos a funcionarios, movimiento de todo el sistema judicial y del Ministerio Público para un delito de escasa relevancia social, lo que resultaría más barato para el Estado hacer que esta persona pague su delito con penas alternativas como es el trabajo social y rescinda el daño económico, actos ya contemplados en nuestra normativa penal y que quizá lo único que hace falta es reglamentar y estudiar algunas otras penas alternativas a la detención y puedo decir que este problema de prediarios y hacinamiento se agravó desde la aprobación de la Ley 007 del 18 de Mayo del 2010 (Ley de modificaciones al Sistema Normativo Penal), al aprobar está Ley no se consideró la retardación de justicia que ya existía ni el hacinamiento que ya existía y quizá primero se debió despoblar las cárceles antes de la aprobación y aplicación de esta norma y evitarse todo este problema.Otro punto de vista que se debe estudiar y prever es delinear una verdadera “Política Criminal” que incida en la prevención y no en la represión ya Platón lo decía: “Educar al niño del presente para no castigar al hombre del futuro” y creo que se debe ir mas allí al crear centros de rehabilitación para drogodependientes, alcohólicos, enfermos mentales y estará disminuyendo el índice de criminalidad motivados por estos flagelos, sino basta con averiguar los índices de agresiones los fines de semana y los reportes en los hospitales y a consecuencia de que o que se dieron estos hechos.Si no se lograse la modificación a esa Ley del 2005; pues se debe crear un fondo de contingencia en tanto se desembolsen los recursos de la ciudad de La Paz para adquirir nuestros productos al contado y una vez que lleguen los recursos pagar a ese fondo de contingencia. Son algunas reflexiones de este humilde ciudadano que vive esta realidad por mucho tiempo y que habla con conocimiento de causa fruto de la experiencia dela vida carcelaria. “Abrir una escuela es cerrar una cárcel”