Al banquillo o al exilio

Tal sólo para recordar, la figura de la irretroactividad se establece cuando una disposición legal  no se puede aplicar a hechos o situaciones ocurridas anteriormente a la promulgación de una nueva, sean o no de orden público.Esta figura jurídica encierra una noble intención humanitaria. Especialmente en el marco de la ley penal que, como su nombre indica, acostumbra a ser más punitiva que transigente. De tal manera que, si una nueva disposición penal perjudica al reo, la norma legislada posteriormente al hecho que se imputa, no  le será aplicada.  Y si una ley posterior beneficia al  reo o al acusado, entonces sí que tendrá aplicación  retroactiva. El viejo aforismo jurídico ya sentenciaba - y vaya el latinazo - “favorabilia sunt amplianda, odiosa, restringenda” Es decir, lo favorable será ampliado y lo desfavorable (odioso), restringido.Ahora bien: parece que los grandes principios del Derecho no han calado en el sentimiento jurídico de Don Evo y que esos abogados en quienes el Presidente confiaba que deberían resolver los tropiezos legales que chocan bruscamente con las improvisaciones del mandatario - pues “para eso estudiaron” -  no aprendieron ni el “abc” cuando pasaron por las aulas universitarias, o se lo hicieron olvidar a fuerza de consignas antijurídicas. Remachando el clavo, el mismo Presidente ya declaró su desdeñoso menosprecio por la jurisprudencia de los tribunales bolivianos, acumulada a través de los siglos de “colonización”.¿A qué viene esta monserga leguleya, peguntará el ilustrado lector? Pues a que el Gobierno ha recordado que están pendientes los juicios de responsabilidades contra los ex mandatarios, empezando por Gonzalo Sánchez de Lozada y siguiendo con Jorge Quiroga, Carlos Mesa, Eduardo Rodríguez Veltzé y Víctor Hugo Cárdenas. Y para mofa del espíritu jurídico, humanitario y democrático, a todos ellos, se les aplicará la nueva Ley de Juicio de Responsabilidades. Y, por carambola, también golpeará a quienes fueron sus estrechos colaboradores.  Así que, señoras y señores, ya saben: o se defienden valientemente por medio de los nobles recursos de la ley que estaba vigente durante sus respectivos mandatos y otras normas justas, o - claro y castellano - se van del país antes de  de que sea tarde.  Bolivia perdería a unas personas valiosas, hasta que dure la ilegalidad revanchista, que no es eterna. Y nunca les faltará un país democrático que les acoja amistosamente. Otra posibilidad sería que sus casos arriba mencionados se dejarán caer en el tolerante y retardatario olvido político - judicial, tal como está ocurriendo con  los procesos Terrorismo I y Terrorismo II. El bien informado lector sabe a qué me refiero.