Gasolinazo y el fracaso de YPFB

Evo se jugó una carta brava al dar luz verde a la norma. Pero la jugó a favor de las petroleras transnacionales, porque, junto a ese decreto, el ministro del sector, Fernando Vincenti, habló de la creación del Fondo de Inversiones Petroleras (FIP), financiado con buena parte del impuesto IEHD que generó el incremento de precios de los carburantes en el mercado interno, para, a su vez, subir el precio del barril de petróleo de 27.11 a 60 dólares a las empresas petroleras productoras. Esta constatación es el reconocimiento explícito, expreso y claro del rotundo fracaso de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en cumplir el desafío planteado el 1 de mayo de 2006, cuando se emitió el decreto nacionalizador 28701, que incluía la “refundación” de la estatal petrolera y su conversión en una corporación moderna con capacidad de explorar y explotar hidrocarburos, así como de asumir el control total de la cadena energética.Desde entonces hasta hoy (cuatro y medio años), YPFB no cumplió mínimamente los objetivos trazados, fundamentalmente el cambio de la matriz energética. No construyó un sólo kilómetro de gasoducto nuevo dentro del territorio nacional. Se limitó a proseguir los planes de ampliación de ductos existentes en función del crecimiento vegetativo del consumo interno heredado. Pero esto mismo lo hizo incluso con retrasos y a tropiezos, como el caso de la ampliación del ducto Villamontes - Tarija.En los hechos, al igual que en gestiones anteriores de corte neoliberal, prosiguió e intensificó la exportación de gas como materia prima. Fracasó rotundamente en poner en marcha el año 2008-2009 la Planta Separadora de Líquidos en Río Grande (el escándalo Catler/Uniservice sigue siendo una incógnita de proporciones y aún no se ha aclarado el verdadero móvil del supuesto asalto con asesinato ocurrido en enero de 2009).  Ese fracaso, además, importó el aplazamiento indefinido de la industrialización del gas en Bolivia. Curiosamente, YPFB ha anunciado hace pocos días (diciembre de 2010) que adjudicó a una empresa argentina la construcción de esa Planta, pero con un costo de 187 millones de dólares. Nadie hasta ahora explicó la diferencia de 100 millones de dólares para un producto de similares características y capacidad de procesamiento.Ese también un fracaso la proyectada construcción de la Separadora en el Chaco boliviano, con financiamiento comprometido por Enarsa de Argentina. De ésta ya casi ni se habla y el condicionamiento que Bolivia impuso originalmente a Argentina en sentido de no incrementar volúmenes de exportación a ese país si antes no se pone en marcha la Separadora de Líquidos en el Chaco, parece haber desaparecido. En consecuencia, Brasil y Argentina siguen llevándose los licuables del gas a título casi gratuito.La protesta social que obligó a Evo a suspender el “gasolinazo”, tiene como causa central precisamente el incumplimiento de una política energética nacional, tal como se agendó en octubre de 2003. No hay duda de que el país debe eliminar la subvención a las gasolinas y diesel de consumo interno. Esto debe hacerse, eso sí, cuando se haya cumplido a cabalidad con el cambio de matriz energética y se hayan dado pasos concretos, efectivos, en la industrialización. Es decir, Evo debe optar por Bolivia, y no por Petrobras, Repsol YPF y las demás transnacionales. Éstas, queda claro, no son socias. Siguen de patronas y marcan los ritmos de la exploración (nula) y explotación (intensa) de los recursos hidrocarburíferos.Un cambio de timón parece urgente en YPFB, pero que sea eso, y no parche discursivo.