Seguridad ciudadana

Por ejemplo, el viceministro de seguridad ciudadana Miguel Vásquez, quien dijo que en este momento los efectivos policiales no son lo suficiente para brindar seguridad ciudadana en todo el territorio nacional, por lo que es necesario el apoyo activo de los militares. Anunció un proyecto de ley.

Más demoró el funcionario en decirlo que el diputado Andrés Ortega (PPB), en oponerse, alegando, además, que el – Ortega- es “especializado en seguridad ciudadana en Honduras y puedo decir con absoluta certeza académica de que la Policía Nacional ha sido superada hace mucho tiempo (por la criminalidad) y que la solución no es el Ejército en las calles bajo ningún punto de vista”.

Como la seguridad ciudadana no es algo lírico, el diputado debería dar entonces las soluciones, y mejor si no son solo “académicas”. Para eso le está pagando el Estado sueldo de diputado.

Hace más de diez años que el concepto de la seguridad ciudadana  domina el debate sobre la lucha contra violencia y delincuencia en América Latina. La expresión está conectada con un enfoque preventivo y, hasta cierto grado, liberal a los problemas de violencia y delincuencia. El término pone énfasis en la protección de los ciudadanos y contrasta con el concepto de la seguridad nacional que antes dominaba el discurso público y que se enfocaba más en la protección y la defensa del Estado.

Existen múltiples conceptos y nociones del término "seguridad ciudadana" y su contenido concreto puede variar considerablemente dependiendo del actor o autor quien lo utilice. Por ejemplo, no hay un consenso si la seguridad ciudadana se refiere también a riesgos o amenazas de tipo no intencional (accidentes de tránsito, desastres naturales) o de tipo económico y social. Un punto en que sí concuerdan la gran mayoría de autores es que el término referencia a dos niveles de la realidad:

Primero, se refiere a una condición o un estado de un grupo humano: a la ausencia de amenazas que ponen en peligro la seguridad de un conjunto de individuos. En ese sentido, el término tiene un significado normativo.

Segundo, se refiere a políticas públicas que apuntan hacia la eliminación de las amenazas de seguridad o hacia la protección de la población ante esas amenazas.

El cambio terminológico (de "seguridad nacional" a "seguridad ciudadana") sugiere que los Estados ahora protegieran la integridad física, el patrimonio entre otros derechos individuales de todos los ciudadanos.

Lo que sucede es que en Bolivia no hace mucho tiempo, los grupos dominantes –la elite- no consideraban “ciudadanos” a los que no fueran de su grupo. Es más, tampoco hace tanto tiempo que ni siquiera los consideraban humanos.

Y lo inocultable es que existe “inseguridad ciudadana “para muchos bolivianos, quizás para la mayoría.

Eso amerita ser puesto en el tapete y debatido a fondo, precisamente con mucha participación ciudadana. Evitando maniqueísmos de los que en otro momento nos ocuparemos.

DESTACADO

Para eso le está pagando el Estado sueldo de diputado