Impuesto a la coca

Faltaban veinte años para que fuera separada la cocaína en laboratorios de París o La Paz, según las versiones de diferentes autores.

Se trataba de un impuesto especial, diferente al que se aplicaba a otros cultivos, seguramente por el valor de la hoja, por la productividad de sus plantas y porque daña la tierra.

En ese tiempo, la producción de coca no llegaba a las 2.000 toneladas y ahora, según la ONU, la producción llega a 54.628 toneladas.

Pero ahora, 170 años después de aquella época, los impuestos a la coca no representan ni siquiera 1% de las recaudaciones tributarias del país.

Cuando el gobierno está comprobando que la política de erradicación voluntaria de cocales es un fracaso y que los cocaleros siguen pegando o matando a policías, quizá sea oportuno buscar otras maneras de reducir los cultivos que generan el narcotráfico y la probabilidad de importar el terrorismo que está derrotando a Estados mejor organizados que el boliviano.

Una forma complementaria de las políticas de erradicación podría ser la aplicación de fuertes cargas tributarias a los cultivos de coca.

Las ideas que algunos funcionarios del gobierno tienen para asustar a los propietarios de más de un bien inmueble en el país podrían ser adaptadas para desalentar el cultivo de coca.

Si uno tuviera  una hectárea, o un cato, pagaría un monto equis y las mayores extensiones serían gravadas de manera progresiva, hasta que quien tenga diez o dieciocho hectáreas, como tiene un famoso cocalero del Chapare, se vea obligado a vender su tierra para pagar los impuestos.

Algo hay que hacer. Salvo que las autoridades prefieran seguir mirando cómo el país es destruido por la hojita y sus subproductos.