Los derechos laborales en el proceso de cambio
Aún hoy, en pleno siglo XXI, la normativa laboral boliviana mantiene las viejas visiones de la República colonial-liberal y no ha logrado ponerse a tono con los cambios estructurales que plantea, por ejemplo, la Constitución Política del Estado, base de la Revolución Democrática y...
Cabe recordar que los trabajadores, esto es, los hombres y mujeres asalariados y no asalariados, se han visto sometidos por más de un siglo a situaciones de desprotección y dependencia tales que hablar de derechos resultaba siendo simplemente imposible en el ámbito del trabajo.
El Estado, que debiera ser el primer llamado a proteger al trabajador (al servidor público, en su caso), el puntal de la protección social y el vigía de los derechos de todas y todos los trabajadores, resultó siendo históricamente uno de los principales violadores de derechos, situación explicable a partir de natural cooptación de la administración de la cosa pública por aquellos sectores dueños del poder económico. Estos grupos oligárquico-empresariales, amos del viejo Estado, se encargaron de que las leyes se convirtieran en una enmarañada red que termine encubriendo intereses políticos y económicos en desmedro del trabajador. Esto tiene que cambiar hoy, y se están haciendo los esfuerzos para que así ocurra, más aún bajo el marco jurídico institucional que plantea la Constitución Política del Estado.
El tema es en sí mismo complejo y merece un amplio debate con los actores sociales, es decir, los trabajadores y sus sindicatos junto con las autoridades correspondientes. Las leyes laborales y sociales, como una nueva Ley del Trabajo o de Pensiones, no pueden salir más de cuatro mentes ‘iluminadas’ ni ser fruto del trabajo de bufete de los ‘expertos’ o de costosas consultorías -como lo advirtió el presidente Morales refiriéndose a lo que ocurría hasta no hace poco-. Aquel vicio casi insalvable ha comenzado a ser cosa del pasado.
Debates pendientes hay muchos en materia laboral, y exigirán sin duda un tiempo prudencial para su consideración, así como la amplitud y sabiduría necesarias para traducir las demandas de los actores en las normas que vayan a aprobarse. Algunos criterios básicos, como generales, están planteados en la misma Carta Magna que hoy es la brújula del proceso de cambio, y lo que ahora queda es bajar esos postulados hacia normas específicas que sean aplicables y que lleguen al trabajador.
La anterior semana el Ministerio de Trabajo, junto a importantes organizaciones de mujeres, llevó adelante un seminario internacional en el que abordó la temática de las ‘Mujeres en la legislación laboral y la seguridad social’ y en el cual se desveló el actual estado de desprotección en el que aún se encuentran las mujeres en estos ámbitos y la carencia de iniciativas concretas para favorecerlas.
Urge pues, como uno de los ejes de lo que será aquel debate que está planteado, tomar en cuenta la dinámica que se ha propuesto para llevar adelante transformaciones profundas que dejen atrás las viejas normas injustas y tramposas que hicieron que el trabajador termine subvencionando al empresario y al propio Estado a costa de su magro salario. La ley debe dejar de ser una trampa para el trabajador, y el juego mercantilista y abusivo respecto al trabajo debe terminar para terminar con aquello de que ‘la casa gana’ siempre a cualquier costo y en toda circunstancia.
