Piden indulto para los represores

El episcopado quiere que el perdón alcance a enfermos terminales y a mayores de 70 años y que llegue con los fastos del bicentenario, a mediados de septiembre.

Protesta de las víctimas.

La petición agitó de inmediato las gélidas aguas y puso en aprietos al mismo jefe de Estado, quien recibió el martes en el palacio de La Moneda al cardenal Francisco Javier Errázuriz y el obispo Alejandro Goic, presidente de la Conferencia Episcopal, ambos los portadores de la polémica solicitud.

Las víctimas protestan

Los primeros en reaccionar fueron las víctimas de la dictadura del general Augusto Pinochet, que llegaron hasta las puertas del palacio presidencial. Allí acusaron a las actuales autoridades eclesiásticas de darle la espalda al legado del cardenal Raúl Silva Henríquez, quien tras el golpe de Estado fundó la vicaría de la Solidaridad, uno de los bastiones de la defensa de los derechos humanos durante los años negros.

Pamela Pereira, hija de un militante socialista desaparecido y abogada de las hijas del general Carlos Prats y su esposa, asesinados en Buenos Aires por la policía secreta de Pinochet, calificó la iniciativa de la Iglesia de «una bomba que detona el más profundo sentido de justicia y va a generar grandes tensiones».

«Nosotros hemos mantenido y mantenemos la defensa de los derechos humanos, pero también hay que tener capacidad de perdón. ¿Querían que llamáramos al odio?», insistió ayer monseñor Goic.

Piñera está en un dilema. Durante la campaña electoral, cuestionó la figura del indulto y defendió, aunque de manera elíptica, los juicios a los represores. El presidente «va a reflexionar respecto a este documento y va tomar una decisión con base a los compromisos del Gobierno con la verdad y la justicia, la unidad nacional y la seguridad ciudadana y las consideraciones humanitarias», declaró un portavoz. En los dos partidos de la derecha del Gobierno, Renovación Nacional (RN) y la Unión Democrática Independiente (UDI) ya surgieron voces a favor y de rechazo a la intervención de la Iglesia.

La discusión excede al oficialismo. «Dada la petición de la Iglesia Católica, surge la pregunta de si no sería posible una iniciativa de las propias instituciones castrenses en el sentido inverso. Es decir degradar a los militares condenados y quitarles sus honores y grados militares», señaló el portal El Mostrador.