Policía: información de Aparicio derivó en la captura de Mariaca y otras autoridades fiscales
El comandante general de la Policía Boliviana, Adrián Álvarez, afirmó este jueves que la aprehensión del mayor Rubén Aparicio Villarroel, realizada en La Paz, permitió obtener información que posteriormente vinculó a altas autoridades del Ministerio Público con los hechos que son investigados en el denominado caso Mariaca.
Según Álvarez, las unidades especializadas de la Policía iniciaron los actos investigativos a partir de información financiera y antecedentes relacionados con las investigaciones abiertas en Santa Cruz por los casos vinculados al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
El jefe policial explicó que Aparicio fue aprehendido la noche del miércoles en La Paz y que, después de su captura, “proporcionó información que vincula la participación de altas autoridades del Ministerio Público”.
A partir de esos elementos, la Policía procedió en Santa Cruz a la aprehensión del entonces fiscal general del Estado, Róger Mariaca Montenegro, y del fiscal departamental Alberto Ceballos Flores. De manera paralela, en Sucre fue aprehendido el fiscal Martín Daniel Irusta Flores.
Traslado a La Paz por seguridad
Álvarez señaló que, después de las aprehensiones de Mariaca y Ceballos, la Policía recibió información de inteligencia sobre la presencia de grupos delincuenciales que se dirigían al aeropuerto internacional de Viru Viru con la intención de interferir en el operativo.
Por razones de seguridad, y en coordinación con autoridades del Ministerio Público, se determinó trasladar a Mariaca y Ceballos al departamento de La Paz.
El comandante policial aseguró que las actuaciones fueron desarrolladas por equipos multidisciplinarios y que se busca establecer, mediante la investigación, la participación y responsabilidad individual de cada uno de los aprehendidos.
Policía reporta extracción de cámaras y documentos
Durante el operativo también fueron aprehendidas dos personas, identificadas por la Policía como técnicos en cámaras de videovigilancia e ingenieros informáticos, quienes, según Álvarez, ingresaron al domicilio de Ceballos con la finalidad de retirar dispositivos de vigilancia y equipos DVR.
El comandante sostuvo que esta acción habría tenido como propósito ocultar información contenida en esos equipos y que fue considerada por la Policía como una posible obstaculización de la investigación.
Asimismo, ocho funcionarios de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz fueron aprehendidos después de que, según el jefe policial, se trasladaran en vehículos oficiales y particulares hasta el domicilio de Mariaca con la intención de retirar documentación e indicios materiales relacionados con la investigación.
Hallan Bs 3,5 millones y $us 10.000
Uno de los hechos que marcó el operativo fue la interceptación de una ambulancia particular que había ingresado al domicilio de Mariaca y posteriormente salió del lugar.
Álvarez informó que, durante el control del vehículo, la Policía encontró maletines y dinero oculto en diferentes compartimentos de la ambulancia.
El conteo realizado bajo dirección fiscal estableció un monto de Bs 3.532.100 y $us 10.000. La cifra también fue confirmada por el fiscal Daniel Ortuño, quien señaló que el Ministerio Público acompañó el procedimiento para garantizar su legalidad.
La Fiscalía aclaró que todavía corresponde establecer el origen y la procedencia legal del dinero, así como su relación con la investigación. También se encuentra pendiente determinar si este hecho será incorporado al proceso que ya se tramita en La Paz o dará lugar a una nueva investigación en Santa Cruz.
Por este hecho fueron aprehendidas cuatro personas que se encontraban en la ambulancia, entre ellas una menor de edad. Los adultos deben prestar sus declaraciones ante el Ministerio Público.
Policía asegura respeto al debido proceso
Álvarez sostuvo que las actuaciones fueron desarrolladas bajo el principio de objetividad y con respeto al debido proceso y las garantías constitucionales de las personas aprehendidas.
“Será la investigación la que determine su participación y conforme a ello, su situación jurídica, su situación procesal”, afirmó.
El comandante remarcó que el Ministerio Público ya tiene conocimiento de las actuaciones y que serán las autoridades competentes las encargadas de valorar los indicios materiales, declaraciones y demás elementos colectados para establecer las responsabilidades que correspondan.








