Gálvez advierte que el caso Mariaca “recién comienza” y anticipa nuevas actuaciones

El Gobierno de Rodrigo Paz afirmó este jueves que la investigación abierta tras la aprehensión del fiscal general del Estado, Róger Mariaca, apunta a una presunta estructura vinculada al narcotráfico que habría utilizado espacios de poder e instituciones estatales para generar protección e impunidad.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, sostuvo en conferencia de prensa que el operativo ejecutado por la Policía Boliviana representa el inicio de una investigación que, según aseguró, deberá establecer quiénes participaron, cómo operaba la estructura, desde cuándo y qué decisiones se habrían tomado para favorecerla.

“Estamos empezando a desmontar una estructura criminal vinculada al narcotráfico y al mecanismo de protección e impunidad desde espacios de poder”, afirmó.

Gálvez remarcó, sin embargo, que la investigación continúa y que serán las autoridades competentes las que deberán determinar las responsabilidades individuales de las personas aprehendidas y de quienes eventualmente sean involucrados.

“No habrá condenas anticipadas. Obviamente que no corresponden. Lo que habrá es un debido proceso”, sostuvo.

“El cargo no protege”

El vocero aseguró que el Gobierno mantendrá su decisión de investigar los hechos independientemente del cargo que ocupen las personas involucradas.

“En Bolivia ningún cargo garantiza impunidad, ninguno, y nadie debe estar, ni va a estar, por encima de la ley”, afirmó.

Gálvez sostuvo que la investigación no debe ser entendida como un ataque al Ministerio Público y dirigió un mensaje a los fiscales que, según dijo, cumplen sus funciones de manera independiente.

“Este operativo no es contra ustedes. Este operativo también busca proteger el trabajo que realizan”, manifestó.

En ese sentido, señaló que el objetivo debe ser contar con un Ministerio Público “fuerte, sano, con fiscales independientes” y sostuvo que la intención del Gobierno es depurar cualquier posible influencia criminal, sin destruir la institución.

Seguimiento a teléfonos

Gálvez también informó que los teléfonos celulares de las personas aprehendidas están siendo sometidos a análisis para establecer contactos, llamadas y otros elementos que puedan aportar a la investigación.

Según explicó, el objetivo es reconstruir el funcionamiento de la estructura que el Gobierno presume vinculada al narcotráfico.

El vocero sostuvo que la investigación deberá determinar “quiénes participaron, cómo operaban, desde cuándo lo hacían, a quiénes protegían y qué decisiones adoptaron para favorecer la impunidad”.

Gálvez evitó adelantar nombres o detalles sobre futuras actuaciones policiales y justificó esa decisión en la necesidad de no afectar la investigación ni alertar a personas que pudieran estar siendo investigadas.

Respaldo a la Policía y a EEUU

El vocero también agradeció a la Policía Boliviana por el operativo y destacó el respaldo expresado por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a las políticas del Gobierno boliviano contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Gálvez afirmó que el Ejecutivo coincide con esa línea en el marco del denominado “Escudo de las Américas” y aseguró que la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo continuará siendo una prioridad de la administración de Paz.

El pronunciamiento de Rubio se conoció horas después de las aprehensiones y fue presentado por el Gobierno boliviano como un respaldo a las acciones asumidas por la administración de Paz.

¿Qué dijo sobre Mariaca?

Consultado sobre si Mariaca será investigado por hechos relacionados con su etapa como fiscal departamental de Santa Cruz o por su posterior gestión como fiscal general, Gálvez respondió que deberán revisarse sus actuaciones durante las distintas etapas de su carrera.

“Todo tendrá que ser investigado, traslucido ante la población y tendrá que rendirse cuentas ante la ley”, afirmó.

Sobre los presuntos vínculos de Mariaca con el crimen organizado, el vocero evitó proporcionar detalles que, según dijo, podrían afectar la investigación, aunque aseguró que existen elementos que serán presentados oportunamente.

“La investigación está en curso”, insistió.

Gálvez defiende la aprehensión

Ante las consultas de periodistas sobre los cuestionamientos a la legalidad de la aprehensión de Mariaca y la posibilidad de que, por su condición de fiscal general, correspondiera un juicio de responsabilidades, Gálvez sostuvo que el Gobierno considera que se actuó ante un hecho que calificó como flagrancia.

Afirmó que, desde la perspectiva del Ejecutivo, se trataba de una estructura con actividad permanente y que correspondía una acción directa de la Policía.

El vocero agregó que los abogados y las autoridades competentes deberán establecer posteriormente las acusaciones y procedimientos que correspondan.

Cuestiona a quienes se “autonombraron” fiscales

Otra de las consultas estuvo relacionada con la situación institucional de la Fiscalía General y la posibilidad de designar a una autoridad interina mediante decreto.

Gálvez sostuvo que el Ejecutivo debe respetar la Constitución y las leyes y cuestionó a los fiscales que, según sus palabras, se “han autonombrado autoridades”.

“Cuestionamos la legitimidad y les exhortamos a que esperen las decisiones de la Asamblea Legislativa”, manifestó.

La situación de la Fiscalía General también generó debate institucional este jueves, después de que un fiscal superior anunciara que asumía la suplencia de la máxima autoridad del Ministerio Público, mientras desde otros órganos del Estado se reclamó el respeto a los procedimientos establecidos.

Eduardo Del Castillo, aún buscado

En la ronda de preguntas, Gálvez fue consultado sobre el exministro de Gobierno Eduardo Del Castillo y si se encontraba todavía en el país.

El vocero respondió que la exautoridad está siendo buscada y evitó adelantar mayores detalles debido a que los operativos continúan.

Sobre el alcance de la presunta estructura investigada, señaló que será la investigación la que determine su dimensión y quiénes la integraban.

“Esto recién comienza”, afirmó Gálvez, al remarcar que el Gobierno pretende avanzar hasta establecer las responsabilidades que correspondan.

El vocero cerró su intervención señalando que la premisa del Ejecutivo es investigar, proteger la evidencia y respetar el debido proceso, sin otorgar protección a ninguna persona por el cargo que ocupe.