Enel São Paulo: la caducidad que cruza política, negocios y dudas sobre el regulador
En un momento en el que la política energética nacional está en discusión, los ejemplos en Brasil sirven de guía, y de advertencia
La crisis del servicio eléctrico puso a Enel en el centro de una disputa que trasciende los apagones. La presión del Gobierno de São Paulo para retirar la concesión coincide con versiones sobre el interés de Equatorial en los activos de la compañía italiana y con preguntas sobre los vínculos previos de la relatora del proceso, Agnes da Costa, con una empresa que hoy pertenece a ese grupo.
La discusión sobre el futuro de Enel Distribuição São Paulo dejó de ser únicamente una cuestión relacionada con la calidad del servicio eléctrico. Los cortes de energía, las demoras para restablecer el suministro y las críticas por la capacidad de respuesta de la empresa terminaron convirtiendo a la concesión en un problema político y, ahora, en un asunto de interés empresarial.
Y es que en el centro de esa disputa están tres actores: el Gobierno del estado de São Paulo, que presiona por una salida de Enel; la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL), que conduce el proceso regulatorio; y Equatorial Energia, uno de los principales grupos privados del sector en Brasil y señalado como interesado en los activos de la compañía italiana.
A esto se suma una cuarta pieza, y la más delicada: Agnes Maria de Aragão da Costa, directora de ANEEL y relatora del procedimiento que puede recomendar la caducidad de la concesión.
La combinación de estos elementos no permite afirmar que exista una operación coordinada. Pero sí plantea preguntas que deberían ser respondidas antes de que se adopte una decisión que puede modificar el mapa de la distribución eléctrica en la mayor economía de Brasil.
Los apagones abrieron el conflicto
La calidad del servicio es el origen de todo. Durante 2026, los problemas de suministro y las dificultades para atender emergencias colocaron a la empresa bajo fuerte cuestionamiento. Incluso el gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, asumió una posición crítica y defendió que se analice la caducidad de la concesión.
En abril de este año, la autoridad fue más lejos al señalar que renovar el contrato de Enel sería “una agresión a la población de São Paulo”.
La declaración tiene un peso político considerable, pero no significa que el Gobierno paulista pueda retirar directamente la concesión.
Ese procedimiento es federal. ANEEL analiza los incumplimientos y conduce el expediente; posteriormente, la decisión definitiva corresponde al Ministerio de Minas y Energía.
En este contexto, el gobernador puede cuestionar el servicio, exigir respuestas y presionar ante las autoridades federales. Pero no puede, por sí solo, declarar la caducidad ni escoger a la compañía que eventualmente sustituya a Enel.
Una concesión bajo examen
El procedimiento avanzó durante 2026 y encontró resistencia de Enel.
El 11 de agosto, ANEEL rechazó la solicitud de la compañía para suspender el proceso que puede desembocar en una recomendación de caducidad. Posteriormente, Enel presentó sus observaciones finales.
Uno de los argumentos de la empresa es la forma en que se evalúan los tiempos de restablecimiento del servicio y con el uso de determinados parámetros técnicos. La compañía pidió que esos elementos fueran revisados.
La posición de ANEEL, según el expediente, no se limita a un único indicador. El análisis contempla un conjunto de problemas relacionados con la calidad del servicio, entre ellos tiempos elevados de atención, interrupciones prolongadas, dificultades en la ejecución de planes de emergencia y una capacidad de movilización considerada insuficiente.
Y entonces aparece Equatorial
En paralelo al conflicto regulatorio surgieron versiones sobre una eventual operación corporativa.
Informaciones difundidas por Reuters y Valor Econômico señalaron que Equatorial Energia e Iberdrola habrían mantenido conversaciones con Enel para analizar una posible adquisición de activos en Brasil, incluso la posibilidad de una operación de mayor alcance.
Las empresas no confirmaron un acuerdo. Enel negó charlas sobre un cambio de control y Equatorial dijo que monitorea oportunidades de mercado sin confirmar una negociación.
Hasta ahora, lo que existe públicamente son informaciones de prensa y declaraciones empresariales que no confirman que Equatorial vaya a convertirse en la sucesora de Enel São Paulo.
Pero el interés resulta relevante por una razón evidente: si Enel pierde la concesión o abandona el mercado brasileño, sus activos adquieren un valor estratégico para otros operadores.
Y Equatorial ya tiene una presencia considerable en el sector eléctrico brasileño.
El grupo controla distribuidoras en distintos estados y ha ampliado su presencia mediante adquisiciones y procesos de privatización. Entre ellas está la antigua Companhia Energética de Alagoas (CEAL), que pasó a control de Equatorial en 2019.
La relación con São Paulo
La otra conexión que alimenta las preguntas alrededor de Equatorial es su relación con el Gobierno de São Paulo.
En 2024, el grupo se convirtió en accionista estratégico de Sabesp, la empresa de agua y saneamiento de São Paulo, al adquirir el 15% de la compañía por unos R$ 6.900 millones durante el proceso de privatización impulsado por la administración de Tarcísio de Freitas.
La operación fue pública y legal. Por eso la coincidencia temporal y empresarial merece ser observada porque el mismo grupo que mantiene una posición relevante en una de las mayores empresas de servicios públicos de São Paulo aparece mencionado como potencial interesado en activos de la distribuidora eléctrica que el Gobierno estatal quiere retirar.
La pregunta más pertinente es si existe algún contacto, negociación, propuesta formal, mandato financiero, proceso de debida diligencia o plan concreto que vincule a Equatorial con una eventual salida de Enel.
El caso de Agnes da Costa
El elemento más sensible está dentro del propio regulador. Agnes Maria de Aragão da Costa, directora de ANEEL, es la relatora del principal procedimiento relacionado con Enel São Paulo.
Durante el proceso que precedió a su nombramiento en ANEEL, en 2022, documentos analizados por el Senado registraron que Costa figuraba como responsable en una ejecución fiscal relacionada con CEAL, la empresa eléctrica de Alagoas que posteriormente pasó a ser controlada por Equatorial.
Costa fue consejera de CEAL en 2015, cuando la compañía todavía formaba parte del sistema Eletrobras. Equatorial adquirió el control de CEAL recién en marzo de 2019.
Por lo tanto, no es correcto afirmar que Costa trabajó para Equatorial o que su relación con CEAL se produjo cuando ya pertenecía al grupo.
El problema que merece ser aclarado es otro.
El expediente judicial 0703311-94.2018.8.02.0001, promovido por la Fazenda Pública de Alagoas, aparece vinculado a esa controversia y figura como archivado. El documento señalaba que la exigibilidad de la deuda estaba suspendida debido al cumplimiento de un plan de pagos por parte de la empresa.
Pero el estado actual y el alcance exacto de esa ejecución fiscal requieren ser establecidos directamente a partir del expediente judicial.
Ahí está una de las principales tareas pendientes de verificación.
Porque una cosa es haber ejercido un cargo en una empresa antes de que fuera adquirida por Equatorial. Otra, muy distinta, sería mantener una responsabilidad patrimonial o jurídica vinculada con una compañía que hoy pertenece al grupo que podría tener interés en activos de Enel.
¿Existe un conflicto de intereses?
Esta es probablemente la pregunta más delicada de todo el caso. La legislación brasileña contempla reglas destinadas a impedir que funcionarios públicos participen en decisiones cuando existe un interés directo o indirecto que pueda comprometer su imparcialidad.
Pero la existencia de una relación profesional antigua o de una ejecución fiscal vinculada a una empresa no demuestra automáticamente un conflicto de intereses.
Para establecerlo habría que conocer, entre otros elementos, el estado actual de la ejecución fiscal, la naturaleza exacta de la responsabilidad atribuida a Costa, si esa responsabilidad continúa vigente y si existe alguna consecuencia patrimonial para ella derivada de las obligaciones de CEAL o de su actual controlante.
El historial de Equatorial ante ANEEL
Otro elemento que ayuda a entender el contexto es la propia relación entre Equatorial y el regulador.
Entre febrero de 2022 y septiembre de 2026, el levantamiento documental identifica 15 decisiones desfavorables contra empresas del grupo, con sanciones nominales que suman aproximadamente R$ 218,8 millones.
Al mismo tiempo, existen decisiones favorables y reconocimientos regulatorios de montos importantes.
El material analizado identifica nueve decisiones principales cuantificadas que representan alrededor de R$ 521,3 millones, mientras que un agregado más amplio llega a aproximadamente R$ 712,2 millones cuando se incorporan otros créditos, ajustes y conceptos regulatorios.
Hay compensaciones tarifarias, reconocimientos de efectos financieros, reembolsos y otros mecanismos regulatorios con tratamientos diferentes. En algunos casos, los recursos tienen efectos sobre tarifas o están sujetos a condiciones específicas.
Lo relevante es que el grupo mantiene una relación regulatoria compleja con ANEEL, con decisiones favorables y desfavorables, y que algunas sanciones corresponden incluso a hechos ocurridos antes de que Equatorial adquiriera determinadas distribuidoras.
La salida de Enel tampoco significa la llegada automática de Equatorial
Existe otra confusión que conviene despejar.
Incluso si ANEEL recomienda la caducidad y el Gobierno federal finalmente la determina, Equatorial no se convertiría automáticamente en el nuevo operador.
La legislación brasileña establece procedimientos para garantizar la continuidad del servicio y definir qué empresa asumirá la operación.
Lo que realmente está en juego
El caso Enel São Paulo tiene una dimensión que va más allá de una empresa y de una concesión.
Millones de consumidores dependen de esa red eléctrica y las deficiencias del servicio constituyen el argumento central para revisar la continuidad de la compañía.
Por eso, la discusión sobre la caducidad debe partir de los hechos: calidad del servicio, inversiones, capacidad de respuesta, cumplimiento de las obligaciones contractuales y gravedad de los incumplimientos.
Las preguntas que todavía esperan respuesta
Hay tres grupos de información que permitirían pasar de las sospechas a los hechos en el caso Enel São Paulo. Primero, el expediente de la ejecución fiscal vinculada con CEAL permitiría establecer la responsabilidad atribuida a Agnes da Costa y conocer si mantiene alguna situación jurídica vigente.
Segundo, las agendas y comunicaciones entre Equatorial, el Gobierno de São Paulo, el Ministerio de Minas y Energía y ANEEL ayudarían a determinar si existieron contactos relacionados con una eventual salida de Enel. Tercero, sería necesario conocer la posición concreta de Equatorial: monitorear oportunidades de mercado no equivale a haber avanzado en una operación.
Hasta ahora no existe evidencia suficiente de una operación coordinada entre el Gobierno paulista, Equatorial y ANEEL. Sin embargo, coinciden varios elementos que justifican mayor escrutinio: las fallas del servicio, la presión política para retirar a Enel, el posible interés de Equatorial y el vínculo previo de la relatora con una empresa actualmente perteneciente al grupo.
En una decisión que puede redefinir la mayor red eléctrica de Brasil, la transparencia debe acompañar todo el proceso.
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