Sin diálogo y sin Estado de excepción, Bolivia sigue bloqueada

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, promulgó este lunes la Ley 1740 de Regulación de los Estados de Excepción, una norma que establece las condiciones, procedimientos y alcances para la aplicación de este mecanismo constitucional en Bolivia.

La promulgación se produjo en un contexto de alta conflictividad social, cuando el país cumple 39 días de movilizaciones y bloqueos impulsados por distintos sectores, entre ellos organizaciones campesinas, la Central Obrera Boliviana (COB) y grupos afines al expresidente Evo Morales, quienes exigen la renuncia del mandatario.

La Ley 1740 ya había sido aprobada por el Senado y fue sancionada por la Cámara de Diputados durante una sesión que se prolongó hasta la madrugada del domingo. Con su promulgación, Bolivia cuenta ahora con una normativa específica que reglamenta la aplicación de los estados de excepción previstos en el artículo 139 de la Constitución Política del Estado.

Durante el acto realizado en la Casa Grande del Pueblo, con la presencia del alto mando militar, policial y ministros de Estado, Paz remarcó que la norma no implica la aplicación inmediata de un estado de excepción en el país.

“La ley establece el marco jurídico para su implementación, pero cualquier declaratoria deberá realizarse mediante decreto supremo y cumplir los procedimientos constitucionales correspondientes”, explicó.

La nueva legislación consta de 27 artículos y establece que el presidente podrá declarar un estado de excepción cuando existan circunstancias como peligro para la seguridad del Estado, amenazas externas, conmoción interna o desastres naturales.

Asimismo, determina la participación de la Policía Boliviana, las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público durante su aplicación, garantizando al mismo tiempo la vigencia de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución.

La Asamblea tendrá la última palabra

El mandatario recordó que una eventual declaratoria de estado de excepción no dependerá únicamente del Ejecutivo.

Según explicó, una vez emitido el decreto supremo correspondiente, este deberá ser remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que tendrá un plazo de 72 horas para pronunciarse sobre su aprobación o rechazo.

“De acuerdo con la Constitución y con esta ley, una vez emitido el decreto, la Asamblea tiene 72 horas para pronunciarse”, señaló.

Pese a la expectativa generada por diversos sectores, el Gobierno no emitió este lunes ningún decreto para declarar el estado de excepción.

Paz apunta al “narcoterrorismo”

Durante su discurso, el presidente justificó la promulgación de la norma señalando que el país enfrenta amenazas contra la estabilidad democrática y la seguridad nacional.

“De nada sirve desarrollar normas y visión de desarrollo económico si en la Patria no tenemos seguridad, seguridad que se ve en peligro cuando el narcoterrorismo prioriza sus intereses por encima de la sociedad”, afirmó.

Paz sostuvo que detrás de las movilizaciones existe una estructura vinculada al narcotráfico y aseguró que su administración actuará con firmeza para preservar el orden constitucional.

“Promulgo esta norma bajo la lógica de defender a las grandes mayorías frente a quienes quieren irrumpir este proceso democrático. Reitero el diálogo siempre, pero a los violentos y narcoterroristas, así como cayó Marset, sus días están contados y vamos a hacer cumplir lo que manda la Constitución y la ley”, advirtió.

El mandatario también cuestionó la presencia de habitantes del trópico de Cochabamba en las movilizaciones que se desarrollan en La Paz y El Alto.

Empresarios

Por su parte, el presidente de la Federación de Empresas Privadas de La Paz, Rolando Kempff, aseguró que la aprobación y promulgación de la ley que reglamenta los estados de excepción constituye un paso fundamental para la recuperación y reactivación económica del país.

“Esta norma establece un marco jurídico que es una herramienta para resolver y garantizar el abastecimiento de combustible, alimentos, insumos, proteger la actividad productiva y volver a la normalidad”, señaló Kempff.

La Federación de Empresas Privadas de La Paz reafirmó que el cumplimiento de estas normas y la implementación efectiva del Estado de Excepción permitirán proteger la actividad productiva, garantizar abastecimiento y brindar confianza a inversionistas nacionales e internacionales.

Chimoré

Mientras que dirigentes de la Federación de Comunidades Interculturales Chimoré anunciaron que ingresarán en vigilia y tomarán instalaciones militares asentadas en ese municipio del trópico de Cochabamba.

La organización sostiene que la norma representa una amenaza para los sectores movilizados y anticipó un escenario de tensión si el Gobierno dispone intervenciones de las fuerzas del orden en la región.

Observaciones

La Defensoría del Pueblo identificó tres observaciones a la Ley de Regulación de los Estados de Excepción, promulgada este lunes. La institución advirtió que algunos artículos podrían afectar los mecanismos de control y la protección de los derechos humanos.

“Cualquier limitación a derechos debe tener una mirada restrictiva, porque si no, de lo contrario, puede haber desbordes”, afirmó el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.

Entre las observaciones figura la disposición que permite que un estado de excepción continúe vigente aun cuando hayan transcurrido las 72 horas establecidas para el control legislativo, hasta que la Asamblea Legislativa emita un pronunciamiento. Según Callisaya, esto debilita las facultades de fiscalización del Legislativo.

Asimismo, cuestionó la presunción de legalidad otorgada a las actuaciones de efectivos policiales y militares durante un estado de excepción.

Por otro lado, señaló que la ley ya no menciona expresamente a la Defensoría del Pueblo como instancia de vigilancia de los derechos humanos durante un estado de excepción.

El plan de Paz

“Esta norma les permite (a las FFAA y a la Policía) llevar adelante el plan que ya hemos diseñado. Bolivia tiene una estrategia y la vamos a ir cumpliendo, porque tenemos que retomar la normalidad para que nuestra economía crezca con seguridad para todos los bolivianos. La patria confía en su misión histórica de proteger la democracia y salvaguardar la paz. Quiero reiterar a las organizaciones sociales la voluntad de diálogo, y también a las instituciones que hoy defienden sus justos derechos”, afirmó el jefe de Estado.

No ofreció mayores detalles sobre el contenido del plan ni precisó cómo, cuándo o bajo qué modalidad será aplicado o dado a conocer públicamente.