Paz hace esperar la promulgación de la Ley del Estado de Excepción

La aprobación de la Ley de Regulación de Estados de Excepción que ya fue sancionada por la Cámara de Diputados y remitida al presidente del Estado, Rodrigo Paz, para su promulgación, ha dividido opiniones en el país, por una parte es vista por unos sectores como una herramienta necesaria para restablecer el orden frente a casi 40 días de bloqueos y conflictividad social, mientras que otros advierten riesgos para las libertades y una posible concentración de poder en el Ejecutivo.

La ley fue aprobada en una extensa sesión legislativa que se prolongó hasta la madrugada del domingo. Con ello, el proyecto quedó listo para su promulgación, aunque hasta el cierre de esta edición el mandatario aún no había oficializado su entrada en vigencia.

La norma establece el marco legal para la declaratoria de estados de excepción en casos de amenaza externa, conmoción interna o desastres naturales. Entre sus disposiciones más relevantes, faculta al Presidente a recurrir a las Fuerzas Armadas cuando la Policía resulte rebasada por la situación, además de permitir la declaratoria por un plazo de hasta 90 días, con posibilidad de ampliación previa autorización legislativa.

Sin embargo, uno de los artículos más controvertidos es aquel que presume la legalidad de las actuaciones de las fuerzas del orden durante la vigencia de un estado de excepción. Este aspecto generó cuestionamientos de parlamentarios opositores y de sectores que consideran que la medida podría derivar en excesos o vulneraciones de derechos.

La urgencia de restablecer el orden

Los legisladores que respaldaron la ley justificaron su aprobación señalando que el país atraviesa una crisis prolongada provocada por los bloqueos de caminos, particularmente en La Paz y Cochabamba, donde se han reportado problemas de abastecimiento, pérdidas económicas y episodios de violencia.

El diputado Carlos Alarcón sostuvo que la situación exige respuestas inmediatas del Estado y pidió al presidente Paz promulgar la norma cuanto antes.

Según el legislador, Bolivia atraviesa una coyuntura excepcional marcada por la paralización de actividades económicas y la afectación a millones de ciudadanos que ven restringido el acceso a alimentos, medicamentos e insumos esenciales.

En la misma línea, el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, señaló que el gabinete espera instrucciones del mandatario para definir los siguientes pasos respecto a la norma. La autoridad remarcó que el país enfrenta una situación compleja, especialmente tras los hechos registrados en San Julián, donde se reportó una escalada de violencia con policías heridos por impactos de bala.

Las críticas y el temor aun mayor control estatal

Las voces críticas consideran que la aprobación de la ley se produjo en un contexto de alta tensión, lo que incrementa las preocupaciones sobre su eventual aplicación.

Entre quienes cuestionan la norma se encuentran legisladores de fuerzas opositoras y sectores vinculados a las movilizaciones que se desarrollan en el eje central del país. Argumentan que el Estado ya cuenta con herramientas legales para garantizar el orden público y que una ley de esta naturaleza podría abrir espacio a restricciones excesivas de derechos fundamentales.

El expresidente Evo Morales también se pronunció sobre el tema y cuestionó la rapidez con la que el Legislativo trató la iniciativa. Incluso ironizó respecto a la demora en su promulgación, señalando que el presidente tendría dudas sobre su aplicación.

Las declaraciones se producen en medio de un escenario donde el Gobierno responsabiliza al líder cocalero de estar detrás de las movilizaciones que mantienen bloqueadas varias rutas estratégicas del país. Desde el Ejecutivo sostienen que Morales busca utilizar el conflicto social para evitar responder ante la justicia por procesos que tiene pendientes.