La Paz inicia una semana cargada de tensión entre marchas y bloqueos
El arribo de la marcha evista a El Alto, la reactivación de bloqueos y el clamor de los sectores productivos por el uso de la fuerza pública configuran un escenario crítico en la sede de Gobierno
La Paz inicia la semana convertida nuevamente en el epicentro de la conflictividad social y política del país. Marchas, bloqueos, amenazas de radicalización y pedidos de “mano dura” configuran un escenario de alta tensión que pone a prueba al gobierno del presidente Rodrigo Paz, cuando ingresa a su tercera semana de convulsión social.
La sede de Gobierno y la ciudad de El Alto se encuentran bajo presión por múltiples movilizaciones que confluyen en un mismo punto, el descontento social frente a la crisis económica, el abastecimiento de combustibles y el rechazo de sectores afines al evismo y organizaciones campesinas a las políticas impulsadas por el Ejecutivo.
Mientras unos exigen la renuncia del mandatario, otros reclaman acciones contundentes para desbloquear carreteras y restablecer la circulación normal en el país.
Los evistas endurecen su discurso
La tarde noche del domingo, una columna de marchistas vinculados al expresidente Evo Morales arribó a la ciudad de El Alto tras recorrer cerca de 170 kilómetros desde Caracollo.
Al grito de “patria o muerte”, los movilizados instalaron su cuartel en la urbe alteña y anunciaron que asumirán la posta de las protestas destinadas a exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira.
La movilización se produce en medio de una creciente escalada de protestas encabezadas inicialmente por sectores de la Central Obrera Boliviana (COB) y organizaciones campesinas, aunque con visibles fracturas internas.
Durante el acto de recibimiento, los dirigentes denunciaron que el Gobierno gobierna “para empresarios privados y su entorno familiar”, además de cuestionar el uso de decretos supremos para impulsar medidas económicas.
Los discursos estuvieron cargados de mensajes de confrontación política y llamados a ampliar las protestas a nivel nacional. Uno de los dirigentes afirmó que la denominada “marcha por la vida” busca “salvar Bolivia” y convocó a todos los movimientos sociales a unificarse más allá de sus diferencias ideológicas.
También hubo críticas directas contra dirigentes sindicales, maestros y cooperativistas mineros que recientemente alcanzaron acuerdos sectoriales con el Ejecutivo.
“Cuando un dirigente negocia a espaldas del pueblo, ese dirigente va a ser escupido por sus bases”, advirtió uno de los oradores, mientras pedía mantener los bloqueos y radicalizar las medidas de presión.
Amenazan con repetir la “historia del 2003”
Uno de los discursos más duros fue pronunciado por Nelson Virreira, dirigente que representa a provincias de Cochabamba, quien aseguró que la movilización tiene un objetivo, lograr la salida del presidente Paz.
“Hemos venido con un objetivo: lograr la renuncia de Rodrigo Paz y no nos vamos a ir sin conseguirlo”, afirmó.
Virreira comparó la coyuntura actual con los conflictos de octubre de 2003, que derivaron en la caída del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, asegurando que ahora existe nuevamente una “responsabilidad histórica” de sacar del poder a un gobierno que —según afirmó— pretende privatizar recursos naturales y empresas estratégicas.
Las declaraciones elevan aún más el nivel de confrontación política y alimentan el temor de que las protestas deriven en episodios de violencia o paralización prolongada.
Evo condiciona llegada a La Paz
Desde su programa dominical, Evo Morales rechazó las acusaciones de estar impulsando una “invasión” hacia La Paz y aseguró que el verdadero problema es que Rodrigo Paz “invadió el Palacio de Gobierno con su familia”.
El exmandatario dejó abierta la posibilidad de trasladarse a la sede de Gobierno para intentar desactivar la movilización, aunque condicionó cualquier viaje a que existan garantías de que no será aprehendido por la Policía Boliviana.
Sus declaraciones vuelven a colocarlo en el centro del escenario político y reafirman su influencia sobre sectores movilizados.
Los Tupac Katari se distancian del Gobierno
En paralelo, dirigentes de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos “Tupac Katari” ratificaron su alejamiento del Ejecutivo y confirmaron que mantendrán las protestas por la falta de combustibles y el incumplimiento de compromisos asumidos durante la campaña electoral.
Durante una conferencia de prensa, denunciaron que el Gobierno está “dividiendo a los sectores sociales” mediante acuerdos económicos parciales con algunas organizaciones.
“Lejos de unir, el Gobierno está fracturando a las organizaciones”, afirmaron.
Los dirigentes incluso advirtieron que, si el Ejecutivo no modifica su postura, podrían sumarse al pedido de renuncia del presidente.
Gremiales desconocen acuerdos
El conflicto también se profundizó en el sector gremial de El Alto, donde varios dirigentes desconocieron los acuerdos firmados por representantes nacionales con el Gobierno y reinstalaron puntos de bloqueo.
Los movilizados argumentan que las promesas realizadas durante la campaña electoral no se cumplieron, mencionando temas como créditos accesibles, reducción salarial de asambleístas y obras comprometidas para el sector.
“Prácticamente estamos abandonados por el Gobierno”, reclamó uno de los dirigentes.
También acusaron al presidente Rodrigo Paz de favorecer mediante decretos a grupos empresariales y agroindustriales, mientras los sectores populares continúan enfrentando dificultades económicas.
Surge rechazo a los bloqueos
Mientras las protestas se intensifican, otros sectores empiezan a expresar abiertamente su rechazo a los bloqueos y exigen al Gobierno actuar con mayor firmeza.
El dirigente gremial alteño Antonio Siñani cuestionó que las medidas continúen pese a que el Ejecutivo ya abrogó la Ley 1720, una de las principales demandas iniciales de los movilizados.
Según afirmó, los gremiales han sufrido pérdidas superiores a los cinco millones de bolivianos debido a la paralización económica.
“¿Quién va a responder por estas pérdidas?”, cuestionó, responsabilizando directamente al dirigente Argollo por las consecuencias de las protestas.
El dirigente también denunció que existen personas fallecidas que no pudieron recibir atención médica oportuna debido a los bloqueos.
Piden “mano dura” contra movilizados
La presión para que el Gobierno actúe con mayor contundencia también llegó desde sectores gremiales y del transporte.
El dirigente de la Confederación Nacional de Gremiales, César Gonzáles, pidió aplicar la ley y garantizar carreteras expeditas.
“Nos tienen que garantizar seguridad jurídica y libre tránsito”, sostuvo.
En la misma línea, Juan Yujra, dirigente del transporte pesado de Santa Cruz, calificó como un “crimen” el bloqueo al abastecimiento de alimentos e insumos médicos.
Aseguró que las protestas ya dejaron de ser reivindicaciones sociales y se transformaron en un movimiento político orientado a desestabilizar al Gobierno.
“Esto ya no es un bloqueo social, es un bloqueo político”, afirmó.
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