La receta de Harvard para una Bolivia sin gas

El 22 de abril de 2026, Claudia Cronenbold firmó su renuncia irrevocable a la presidencia de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Su carta, dirigida al presidente Rodrigo Paz y al ministro Mauricio Medinaceli, era un acta de defunción institucional: una empresa en un “estado institucional significativamente más deteriorado de lo previsto”, con veinte años de “arquitectura perniciosa” y “candados” que ningún plazo político puede desmantelar. Cronenbold había durado 23 días en el cargo. Era la segunda presidenta de YPFB en menos de dos meses.

Horas después, el gobierno cesaba a Medinaceli y lo reemplazaba por Marcelo Blanco. El 23 de abril, Sebastián Daroca asumía como tercer presidente de YPFB en cinco meses de gestión. Su primer diagnóstico fue lapidario: Bolivia está “a puertas de una crisis energética mucho mayor” que podría obligar al país a importar gas natural en cuatro o cinco años.

En paralelo, el Harvard Growth Lab, dirigido por Ricardo Hausmann, presentaba su paquete de siete informes bajo el título Un Giro Económico para Bolivia en La Paz y Santa Cruz. La coincidencia de fechas entre la crisis de YPFB y la llegada de Harvard llevó a varios analistas a evocar un Estado desintegrándose en dos registros simultáneos.

El estudio fue financiado por Marcelo Claure, el empresario boliviano-estadounidense que durante la campaña de 2025 prometió apoyar al presidente que resultara ganador. Ese presidente es Rodrigo Paz, quien desde noviembre de 2025 ha cultivado una relación estrecha con los mandatarios de derecha de la región. Sin embargo, el gobierno muestra signos de desgaste acelerado: cambios intempestivos de ministros, escándalos de gasolina adulterada —el gobierno admitió haber distribuido “gasolina desestabilizada” sin responsabilizarse por su origen— y un creciente descontento social que amenaza la estabilidad política.

Para entender la magnitud de la crisis basta con asomarse a los números oficiales. El Boletín del Tesoro General de la Nación de 2024, publicado por el Ministerio de Economía de la gestión de Luis Arce Catacora, revela una fotografía fiscal demoledora: ingresos totales por Bs 37.475 millones y gastos por Bs 72.107 millones. El déficit global superó los Bs 34.632 millones, cubierto principalmente con crédito interno neto: Bs 39.854 millones que salieron del Banco Central de Bolivia (BCB) y de los fondos de pensiones. El patrón no es nuevo. En 2023, el déficit fue de Bs 28.359 millones, financiado con Bs 30.920 millones de crédito interno. La máquina de gastar nunca se detuvo; solo cambió la fuente de financiamiento: de las reservas internacionales al crédito del BCB y luego a los ahorros de los trabajadores

Déficit fiscal
En 2024 el Tesoro gastó Bs 72.107 millones e ingresó Bs 37.475 millones, un agujero de Bs 34.632 millones.

El informe de Harvard pone el dedo en esta llaga. “El déficit fiscal de Bolivia para 2025, del 12,2% del PIB, se sitúa en el 4% superior de los episodios de crisis que han requerido intervención del FMI desde el año 2000”, señala el documento complementario. Solo tres países —Irak, Ucrania y Burundi— iniciaron programas del Fondo Monetario con déficits más altos, y todos estaban en guerra.

Lo que Harvard no consigna es que el propio gobierno de Paz presentó, el 21 de abril —dos días antes de las presentaciones de Harvard—, el Presupuesto General del Estado Reformulado para 2026, con un déficit proyectado del 9% del PIB y una inflación prevista del 14%. La cifra generó una reacción inmediata del empresario Samuel Doria Medina, quien la calificó de “decepcionante”: con ese nivel de déficit, argumentó, “nadie nos va a dar dinero para que se siga yendo al hueco negro”. El economista Gonzalo Chávez fue más diplomático, pero igualmente claro: “el PGE Reformulado ofrece diagnóstico sin respuesta”.

La inflación que el BCB ya no puede ocultar es otro síntoma. En enero de 2025 proyectaba una inflación anual del 7,5%; para julio tuvo que admitir que la acumulada a junio llegaba al 15,53%. El Informe de Política Monetaria de julio es una confesión de impotencia. Describe “choques de oferta” —bloqueos, escasez de combustibles, contrabando a la inversa, especulación— pero también admite que la inflación importada golpeó con fuerza y que las expectativas se desanclaron.

El BCB recurrió a medidas extremas: compra masiva de oro en el mercado interno (4,94 toneladas entre enero y abril de 2025, equivalentes a USD 527 millones), emisión del Bono BCB en Dólares, legalización de criptoactivos —19 millones de transacciones por más de USD 304 millones hasta junio— y esterilización monetaria con tasas de hasta el 5,5% anual. Pero, sobre todo, el crédito interno neto al sector público, que el propio BCB describe con el eufemismo de “priorización de la política fiscal, en ausencia de financiamiento externo”. En claro: el gobierno se quedó sin crédito externo y el BCB le prestaba dinero imprimiendo bolivianos.

El mismo día que Harvard publicaba sus informes, la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) divulgaba los estados financieros de las empresas estatales desde 2006 hasta 2024. Es el acta de defunción de un modelo de gestión.

Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) reportó una pérdida neta de Bs 196,7 millones y un patrimonio negativo de Bs 143,4 millones, tras invertir más de USD 800 millones en tecnología de evaporación solar inadecuada para la salmuera boliviana.

La Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) multiplicó sus activos de Bs 920 millones en 2006 a Bs 8.079 millones en 2024, pero sus gastos administrativos se dispararon de Bs 65 millones a Bs 1.660 millones en el mismo período.

La Empresa Azucarera San Buenaventura acumuló un patrimonio negativo de Bs 213,7 millones. Papelbol, Cartonbol, Yacana, EBA, EMAPA, Quipus: todas muestran ingresos operativos bajos o nulos y dependencia absoluta de transferencias fiscales.

“Estos datos no son un argumento contra la propiedad estatal”, advierte la economista Edith Gálvez. “Son un argumento contra la mala gestión estatal. La pregunta no es si el Estado debe tener empresas, sino qué tipo de empresas debe tener, para qué, y bajo qué reglas de gobierno corporativo”.

El paquete del Growth Lab propone cinco pilares para la estabilización: consolidación fiscal mediante eliminación de subsidios y recorte de inversión pública; red de compensación social focalizada; unificación cambiaria y programa del FMI; reformas sectoriales para atraer inversión privada en hidrocarburos, litio, minería y agricultura; y desarrollo de capacidades productivas.

El Pilar 3 recomienda explícitamente que Bolivia asegure un programa del FMI como condición para reconstituir reservas y legitimar el ajuste. La condición central que el Fondo exige como acción previa —y que Harvard no menciona— es la devaluación del boliviano. Según fuentes familiarizadas con las conversaciones entre el gobierno de Paz y el personal del FMI, el ajuste del tipo de cambio es el requisito no negociable para acceder al Servicio Ampliado, que proyecta entre USD 2.600 y 3.300 millones.

El boliviano se ha mantenido artificialmente en torno a los 7 por dólar; el BCB publica ya un tipo referencial superior a los 9. Una devaluación formal golpearía directamente a los sectores populares que compran bienes importados, pagan deudas en dólares o trabajan en economías informales dolarizadas.

Ese es el costo silenciado del Pilar 3. La pregunta que sigue es quiénes se beneficiaron de la arquitectura que ahora se busca desmontar.

La inflación que el BCB confesó

El Informe de Política Monetaria de julio de 2025 es un documento que, leído con atención, equivale a una confesión de impotencia. En enero de ese año, el BCB proyectaba una inflación anual del 7,5%. Para julio, tuvo que admitir que la inflación acumulada a junio ya alcanzaba el 15,53%.

El informe describe minuciosamente los choques de oferta —bloqueos de carreteras, escasez de combustibles, contrabando a la inversa, especulación, agio— pero también reconoce que la inflación importada golpeó con fuerza y que las expectativas se desanclaron.

Ante ese cuadro, el BCB desplegó al menos cinco medidas extremas: compra masiva de oro en el mercado interno (4,94 toneladas entre enero y abril, equivalentes a USD 527 millones, que luego se refinaban y vendían en mercados internacionales); emisión del Bono BCB en Dólares, que en 2024 acumuló un saldo de USD 258 millones; legalización de criptoactivos, con 19 millones de transacciones por más de USD 304 millones hasta junio de 2025; esterilización monetaria con tasas de Operaciones de Mercado Abierto de hasta el 5,5% anual; y, sobre todo, el crédito interno neto al sector público, descrito con el eufemismo de “priorización de la política fiscal, en ausencia de financiamiento externo”.

En claro: el gobierno se había quedado sin crédito externo y el BCB financiaba el déficit imprimiendo bolivianos.

Consulte el reportaje completo “Conocimiento de primer nivel: La receta de Harvard para una Bolivia sin gas, sin dólares y con debilidad política” para una visión integral de la crisis y de los intereses detrás del diagnóstico de Harvard.