Rodrigo Paz denuncia sabotaje en YPFB y ordena control militar total de plantas estratégicas

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, confirmó que la reciente crisis de calidad de carburantes fue consecuencia de un acto deliberado de sabotaje y dispuso la intervención directa con resguardo militar en todas las plantas estratégicas de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) desde las 6:00 de este lunes.

La medida busca blindar la soberanía energética y garantizar la trazabilidad total en la cadena de suministro, luego de que el deterioro en la gasolina afectara la economía, ocasionara daños técnicos en aproximadamente 2.000 vehículos y derivara en bloqueos del sector transporte entre diciembre de 2025 y febrero de 2026.

Hallazgos y responsabilidades

Según el mandatario, la actual administración recibió la estatal petrolera en estado de “calamidad administrativa, financiera y técnica”. Tras las investigaciones preliminares, se identificó un presunto “esquema interno” que operaba dentro de la empresa.

Paz enfatizó que no se trató de un error técnico ni de impericia, sino de un plan ejecutado por estructuras organizadas para proteger intereses ilícitos y negocios particulares.

Las Fuerzas Armadas asumieron el control de los puntos neurálgicos de producción y distribución con el objetivo de impedir que “mafias” y organizaciones criminales interrumpan el flujo de combustible en el país.

El Gobierno anunció un conjunto de medidas económicas inmediatas para mitigar el impacto financiero en los usuarios y estabilizar el suministro:

Incorporación de aditivos: Desde el martes 3 de marzo se introducirán aditivos estabilizantes y antioxidantes de origen nacional, sin incremento en el precio final al consumidor.

Compensaciones económicas: A través del sistema Serec y YPFB Logística se activó un seguro de daños contra terceros para resarcir a transportistas y propietarios particulares, priorizando pagos rápidos y peritajes transparentes.

Garantía de suministro: El resguardo militar busca asegurar que el transporte público, el comercio y la economía familiar operen con normalidad y con abastecimiento garantizado hasta fin de mes.

El presidente remarcó que el Gobierno impulsará acciones judiciales contra los responsables y sostuvo que “no hay vuelta atrás” en la lucha contra la corrupción interna.

“Los responsables de estos delitos contra la economía y el patrimonio estatal serán llevados ante la justicia”, afirmó.