COB cierra filas contra la “ley antibloqueos”

La Central Obrera Boliviana (COB) cierra filas contra la denominada «ley antibloqueos» y anunció que no asistirá, no negociará ni participará en ningún proceso de socialización de esta propuesta normativa, al considerar que busca «penalizar y acallar la protesta popular». El dirigente del sector Mario Argollo cuestionó este martes que mientras «el pueblo movilizado» exige respuestas a sus demandas, desde el Gobierno se impulse una norma que, según afirmó, criminaliza la protesta social y vulnera las reivindicaciones laborales.

«¿Cómo podemos asistir a la negociación de una ley que va en contra de las reivindicaciones laborales del pueblo movilizado? Incluso en la Chiquitanía, en este momento, parte de la derecha está bloqueando por una reivindicación. Lastimosamente, se está intentando penalizar y acallar la protesta popular que emerge debido a que el gobierno de turno no escucha a la población», sostuvo.

En ese sentido, remarcó que la COB no será parte de ningún espacio de negociación o concertación en torno a la iniciativa, al considerar que su contenido va en contra de los derechos conquistados por los trabajadores a lo largo de la historia. En ese marco, ratificó una oposición firme y categórica frente a cualquier intento de limitar el derecho a la protesta.

Asimismo, el dirigente advirtió que el ente matriz de los trabajadores no permitirá ninguna «modernización ni modificación encubierta» de la Ley General del Trabajo, al señalar que las conquistas sociales «han costado sangre y luto» y, por tanto, no están sujetas a negociación.

«Estamos en contra de cualquier intento de modernización o de cualquier forma camuflada de intervenir la Ley General del Trabajo. En esta coyuntura política, los trabajadores del país no podemos permitir que se toque esta norma, porque se atentaría contra conquistas sociales que costaron sangre y luto al movimiento obrero.

Agregó que el ente matriz se mantendrá en estado de alerta y movilización permanente ante cualquier intento de aprobar normas que vulneren los derechos laborales o restrinjan las expresiones de protesta social en el país.