Paz centraliza el poder y deja a Lara sin funciones operativas

La ya deteriorada relación entre el presidente Rodrigo Paz y el vicepresidente Edmand Lara sumó un nuevo y crítico capítulo tras la promulgación del Decreto Supremo 5552, una norma que reconfigura de manera drástica la estructura de la Vicepresidencia y que desató una dura reacción política desde esa instancia del Estado.

Lara acusó públicamente al mandatario de haber “destrozado” la institución vicepresidencial, calificando la medida como “un duro golpe a la democracia”. A través de un pronunciamiento difundido en sus redes sociales, el vicepresidente afirmó que el decreto fue firmado “entre gallos de medianoche” y denunció que reduce a la Vicepresidencia a su “última expresión”, al colocar su estructura administrativa bajo la dependencia directa del Ministerio de la Presidencia.

Debilitamiento institucional

En su mensaje, Lara cuestionó que la Vicepresidencia pase a depender funcional y administrativamente del ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, a quien describió como una autoridad “puesta a dedo y no electa por voto democrático”. Según el vicepresidente, el Decreto Supremo 5552 elimina atribuciones del cargo que están contempladas en la Constitución Política del Estado y sienta un precedente peligroso para la institucionalidad democrática.

En ese marco, advirtió sobre un supuesto avance progresivo del Órgano Ejecutivo sobre otras instancias del Estado. “Hoy es la Vicepresidencia; mañana puede ser la Asamblea Legislativa, el Órgano Electoral o el Órgano Judicial”, alertó, al señalar que estas acciones tendrían como trasfondo la intención de “imponer una dictadura”, desconociendo —dijo— a los pueblos indígenas, a las organizaciones sociales y a un vicepresidente elegido por voto popular.

“No me van a callar”

Lara aseguró que continuará firme en su defensa institucional y que no será acallado por lo que calificó como una “medida política”. En ese sentido, dejó entrever que el decreto sería una represalia tras la denuncia que presentó contra el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos por presuntos hechos de corrupción.

“Aunque ahora nos quitaron todas las direcciones, el presupuesto y nos pusieron a disposición del ministro de la Presidencia, nadie puede estar por encima de la Constitución”, afirmó el vicepresidente, quien consideró que su aislamiento desde Palacio de Gobierno representa “solo una batalla” dentro de un conflicto mayor. “La batalla final la ganará el pueblo”, sostuvo, al convocar a la población a mantenerse en estado de emergencia y alerta para defender lo que denominó los logros democráticos del país.

Crisis
Lejos de cerrar el debate, el Decreto Supremo 5552 parece haber profundizado la crisis política entre el Presidente y su Vicepresidente

El alcance del Decreto 5552

El Decreto Supremo N° 5552, promulgado el viernes por el presidente Rodrigo Paz, redefine de manera sustancial el rol y la estructura de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional. La norma elimina sus funciones administrativas y limita su accionar a tareas de apoyo legislativo y asesoramiento jurídico, reduciendo la institución a solo dos instancias operativas.

El resto de las direcciones, junto con su personal, presupuesto, programas y competencias, fue transferido a distintos ministerios del Órgano Ejecutivo. Además, se establece que la Vicepresidencia recibirá apoyo funcional de la estructura organizativa del Ministerio de la Presidencia y que el personal asignado a sus unidades dependerá administrativamente de esa cartera de Estado.

Entre los cambios más sensibles, el decreto elimina las representaciones regionales, departamentales, municipales e institucionales del Vicepresidente, autoriza a las unidades de Auditoría Interna y de Transparencia del Ministerio de la Presidencia a ejercer control sobre la Vicepresidencia y retira de su ámbito la administración de la plataforma “GeoBolivia”.

Un conflicto en escalada

La norma fija un periodo de transición de hasta 30 días hábiles y dispone la transferencia de documentación, activos, pasivos, contratos y proyectos en ejecución a distintos ministerios, que deberán concluir los trámites pendientes en un plazo máximo de seis meses. Según el Ejecutivo, la medida busca “equiparar la estructura de la Vicepresidencia a la naturaleza de sus funciones”, enmarcándola en su rol constitucional de coadyuvar al Presidente.