Decreto desarma la Vicepresidencia y pone a Lara bajo dependencia administrativa del Palacio

El presidente Rodrigo Paz promulgó este viernes el Decreto Supremo N° 5552, que reconfigura la estructura de la Vicepresidencia del Estado Plurinacional, eliminando sus funciones administrativas y limitando su accionar a tareas de apoyo legislativo y asesoramiento jurídico.

La norma reduce la institución a dos instancias operativas —la Unidad de Gestión y Relacionamiento Legislativo y la Unidad de Asesoramiento Jurídico Legislativo— mientras que el resto de sus direcciones, junto con personal, presupuesto y programas, fueron transferidos a distintos ministerios del Órgano Ejecutivo.

Dispone que, a partir del viernes, la Vicepresidencia recibirá apoyo funcional de la estructura organizativa del Ministerio de la Presidencia, compuesta por la Jefatura de Gabinete del Vicepresidente; Unidad Técnica de apoyo Vicepresidencial; Unidad de Comunicación y Protocolo Vicepresidencial; Unidad de Archivo Histórico Legislativo y Biblioteca; Unidad de Gestión y Relacionamiento Legislativo; Unidad de Asesoramiento Jurídico y Legislativo.

Señala que, en cuanto a lo administrativo, el personal asignado a las unidades anteriormente citadas dependerá del Ministerio de la Presidencia. Edmand Lara ya no podrá contar con representaciones regionales, departamentales, municipales, institucionales y/o sectoriales.

Las unidades de Auditoría Interna y de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción del Ministerio de la Presidencia, fueron autorizadas a ejercer funciones sobre las actividades, operaciones y personal de la Vicepresidencia. Incluso la facultad de administrar la plataforma “GeoBolivia” fue retirada de la estructura de la Vicepresidencia.

El decreto establece un plazo de transición de hasta de 30 días hábiles, computables a partir del viernes 20 de febrero y ordena que el actual personal remita solo para efecto de cierre y conclusión de trámites, toda la información y documentación que corresponda, a los siguientes ministerios:

• De la Dirección General del Vivir Bien y Política Exterior al Ministerio de Relaciones Exteriores;
• De la Dirección General de Planificación y Gestión de la Información Geoespacial al Ministerio de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente;
• De la Dirección General de Asuntos Administrativos; Dirección General de Asuntos Jurídicos; Dirección General de Relacionamiento Social e Interinstitucional; Unidad de Auditoría Interna y la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción al Ministerio de la Presidencia;
• De la Dirección General del Centro de Investigaciones Sociocomunitarias al Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua.

Los ministerios receptores deberán concluir los trámites remitidos por la Vicepresidencia y que se encuentren pendientes, en un plazo máximo de hasta seis meses a partir de la recepción física de la documentación.

Los activos tangibles e intangibles, pasivos, así como contratos, convenios y acuerdos nacionales o internacionales, proyectos en fase de ejecución o por ejecutarse y demás documentación de la Vicepresidencia, serán asumidos por los Ministerios de la Presidencia; de Desarrollo Productivo, Rural y Agua; de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, y de Relaciones Exteriores, según corresponda a la materia, competencia y atribuciones de dichas Carteras de Estado.

También se instruyó la transferencia de activos, pasivos, contratos y convenios nacionales e internacionales a los ministerios correspondientes, los cuales podrán realizar ajustes internos con cargo a los recursos ya asignados en el Presupuesto General del Estado 2026.

Según el Ejecutivo, la medida busca “equiparar la estructura de la Vicepresidencia a la naturaleza de sus funciones”, enmarcándola en el rol constitucional de coadyuvar al Presidente en la conducción de la política general del Gobierno, con una organización más reducida y dependiente del aparato central del Palacio.