Aprehenden a representante legal del periódico Los Tiempos por deudas laborales

Ghilda Rosario Veizaga Moldes fue enviada a la cárcel de San Sebastián Mujeres el pasado jueves 5 de febrero tras ejecutarse un mandamiento de apremio por salarios devengados adeudados a trabajadores del diario Los Tiempos.

La medida judicial, dictada por el Juzgado de Partido de Trabajo y Seguridad Social N.° 4 de Cochabamba, responde a la demanda presentada contra Editorial Canelas S.A., empresa que desde 2020 acumula una deuda de 13 salarios, aportes a la Gestora de Pensiones y beneficios sociales con 87 ex trabajadores y 53 trabajadores actuales del histórico medio cochabambino.

Veizaga fue nombrada directora titular del directorio de Editorial Canelas el 28 de noviembre de 2023, junto al español José María Reyes García y Giovanna Lilian Paz Soldán Ramos, inmediatamente después de que el grupo empresarial Valdivia comprara la totalidad del paquete accionario a la familia Canelas.

Según denuncian los afectados, Veizaga figura como “presta nombre” de los verdaderos propietarios. Existe también orden de aprehensión contra Reyes García, quien permanece refugiado en el hotel Radisson de La Paz, propiedad administrada por el mismo clan Valdivia que lo designó como director.

Dos familias, un mismo patrón de impunidad

De acuerdo con los testimonios de los trabajadores, la familia Valdivia asumió la administración del periódico el 26 de noviembre de 2023 y se comprometió a honrar las obligaciones pendientes de la anterior administración de la familia Canelas. Sin embargo, los denunciantes aseguran que entre octubre de 2024 y diciembre de 2025 se acumularon hasta 13 salarios impagos, además de retrasos en el pago de beneficios sociales.

Según el sitio WordPress “Tiempos y Asaltos”, el caso evidencia un patrón de impunidad entre dos generaciones empresariales. Los herederos Canelas —Gabriela, María Reneé, Bertha Rosa, Fernando y Luz Marina— vendieron el periódico fundado por sus abuelos en 1943 tras años de crisis y deudas acumuladas. Durante la larga agonía empresarial, prometieron reiteradamente a los trabajadores el pago de sueldos y beneficios sociales con la venta de inmuebles, promesa sistemáticamente incumplida.

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Los trabajadores aceptaron reducciones salariales y soportaron deudas de hasta siete meses de sueldos sin realizar paros ni medidas de protesta, confiando en la palabra de los propietarios. “No hicimos un solo paro. Aceptamos la reducción de salarios y los compromisos de pago”, relata uno de los 87 afectados.

Según denuncia por estelionato presentada en septiembre de 2024 por Carlos Laguna, ex gerente general de Los Tiempos, los Canelas cobraron dos veces: primero recibieron aproximadamente 181 mil dólares de Laguna por la supuesta compra progresiva de acciones, y luego vendieron el mismo paquete accionario al grupo Valdivia. María Reneé, Berta Rosa y Fernando Canelas enfrentan esta acusación sin consecuencias judiciales hasta la fecha.

Conexiones políticas y fortunas cuestionables

Eduardo Valdivia Zambrana, hijo del ex diputado masista Juan Valdivia Almanza (2006-2010), lidera el grupo empresarial comprador, vinculado con negocios en hotelería, agroindustria, inversiones bursátiles y medios de comunicación.

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Investigaciones internacionales como Pandora Papers revelaron que Pedro Jaime Valdivia Almanza, hermano de Juan y ex cónsul de Bolivia en Brasil, registró empresas offshore en las Islas Vírgenes Británicas. Por su parte, reportes de la plataforma Connectas vinculan a Juan Valdivia con Gravetal Bolivia S.A., empresa donde pasó de una inversión inicial de apenas 14 mil dólares en 2008 a controlar un patrimonio de más de 150 millones de dólares, presuntamente vinculado con lavado de dinero de la petrolera venezolana PDVSA.

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Respaldo gremial y justicia esquiva

La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de Cochabamba (APC) emitieron este viernes 6 de febrero un comunicado exigiendo justicia laboral. “La defensa de los derechos laborales de periodistas y trabajadores de la prensa es una condición indispensable para un periodismo libre, ético y comprometido con la sociedad. Sin justicia laboral no hay libertad de prensa”, señalaron.

Los afectados también denunciaron que la situación no fue uniforme, pues algunos trabajadores dejaron de percibir salarios durante varios meses consecutivos, mientras que otros fueron desvinculados sin recibir pagos completos.

Ante esta situación, los extrabajadores presentaron en 2025 una denuncia ante el Ministerio de Trabajo. Según relataron, el ministro del área firmó una sentencia ejecutoriada en junio de ese año, la cual actualmente es tramitada en el Juzgado Tercero de Seguridad Social y Laboral de Cochabamba.

Además, el medio habría incumplido con el pago de aportes a la Gestora Pública desde agosto de 2024 y con las obligaciones del seguro de salud, derivando en procesos coactivos con la Caja de Salud Cordes.

Los trabajadores también denunciaron presuntos amedrentamientos y presiones por parte de la administración del medio. Según el comunicado del 14 de abril de 2025 emitido por trabajadores de Los Tiempos, las respuestas de los empresarios fueron “duras amenazas” y “cordiales y no tan cordiales invitaciones a renunciar y abrir procesos contenciosos”.

Un precedente para el sector

Los extrabajadores señalaron que este caso podría sentar un precedente para otros trabajadores del sector periodístico que enfrentan situaciones similares. Mencionaron que casos parecidos se registraron en otros medios de comunicación, como el diario Opinión y Página Siete, cuyos extrabajadores también habrían denunciado incumplimientos laborales.

Este viernes, ex trabajadores protestaron frente a la cárcel San Sebastián Mujeres exigiendo el cumplimiento de la ley. La Defensoría del Pueblo instó a Editorial Canelas S.A. a cumplir sus obligaciones, pero el llamado ha quedado en el vacío.

Mientras Ghilda Veizaga permanece en la cárcel de San Sebastián Mujeres y José María Reyes García se refugia en un hotel de lujo, las familias Canelas y Valdivia continúan sus negocios sin rendir cuentas, usando representantes legales como escudos ante la justicia.