Legisladores anuncian que impulsarán una ley antibloqueos para evitar perjuicios y mala imagen al país

Asambleístas de los bloques de Alianza Unidad, Alianza Libre y Partido Demócrata Cristiano (PDC) manifestaron que impulsarán la ley antibloqueos, ya que consideran que la extrema medida de presión genera prejuicio y una imagen negativa al país

“Vamos a trabajar en la ley de bloqueos porque eso nos quita recursos, nos quita viabilidad, nosotros tenemos que devolverles a los bolivianos el tránsito libre al que estamos acostumbrados y al que nunca más tenemos que volver, los bloqueos solo perjudican a la gente”, expresó el diputado Mauricio Taboada.

Mientras que Ana María Quiroga, diputada de Alizanza Libre, señaló que ya fue presentado un proyecto de ley y pidió celeridad para que sea tratado.

“Nosotros tenemos un diputado de Libre que ya presentó esa ley (antibloqueos) hace más de tres semanas y esperemos que se trabaje en eso (...) es muy triste para Bolivia después de todo lo que hemos vivido, sobre todo los últimos tres o cuatro años de tanto bloqueo y todo, creo que es una imagen triste”, apuntó Quiroga.

Por su parte, Katherine Pinto, diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), sostuvo que el derecho a la protesta está garantizado, mientras no se violen otros derechos de por medio. Por ello, remarcó su apoyo al proyecto de ley antibloqueo.

“Donde empieza tu derecho, termina el mío, y creo que todos los bolivianos de una vez debemos tener consciencia que los bloqueos no le traen nada bueno a los bolivianos; es una ley que hay que analizarla y ponerle los límites, porque también hay que ver la ley de uso de fuerzas, donde la policía y las fuerzas armadas tienen que tener un rol muy marcado para cumplir y poder sobrellevar estos bloqueos que siempre van en contra de la población”, explicó la diputada de PDC.

La ley antibloqueos fue presentada por el diputado Carlos Alarcón de la Alianza Unidad, que respalda al oficialismo, y tiene el objetivo de tipificar este tipo de protestas como un delito grave sancionado con penas de entre 10 y 20 años de cárcel para los infractores, entre ellos quienes promueven, organizan, instigan o financian estas acciones.