El caso Zegarra reinstala el debate sobre transfugio en la nueva ALP

Tras los cuestionamientos del diputado potosino Edgar Zegarra, electo por la alianza Libre en contra de Jorge “Tuto” Quiroga por la designación directa de los jefes de bancada, se abrió el debate sobre el transfugio político y actos de indisciplina, figuras consideradas por el Reglamento General de Debates de la Cámara de Diputados como una falta de lealtad institucional y partidaria.

Fuentes de Libre informaron que, luego de la controversia pública, Zegarra evita responder llamadas de la alta dirigencia, que busca conocer su posición oficial, aunque en entrevistas con la prensa, el legislador negó que vaya a abandonar el partido, lamentando que en “Libre no se practique lo que se predica”, algo parecido a la situación del “diablo predicando la religión”.

El diputado reelecto Carlos Alarcón aclaró que “no toda discrepancia tiene que ver con transfugio” que se configura “cuando diputados o senadores se pasan o apoyan a otra fuerza política por prebendalismo o cuando asumen directivas como si fueran parte del oficialismo, tal como sufrió la bancada de Comunidad Ciudadana.

En la anterior legislatura, tanto el MAS como Comunidad Ciudadana atravesaron episodios similares, sin llegar a activar procesos sancionatorios ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Según la normativa vigente, las denuncias por transfugio deben ser tratadas primero por las comisiones de ética partidarias, y se acude en última instancia al Tribunal Supremo Electoral que sentó jurisprudencia en Santa Cruz, al sancionar con la pérdida del curul a los concejales Silvana Mucárzel e Israel Alcócer por apartarse de las directrices de la UCS, fuerza política con la que fueron electos.

El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi, recordó que este tipo de sanciones se aplican únicamente a los órganos deliberativos, con el propósito de preservar la disciplina interna de los partidos.

En el ámbito legislativo, el Reglamento de Diputados (artículo 82) dispone que cualquier actuación independiente rompe la representación institucional. En el Senado, el artículo 27 des u reglamento establece que la pérdida de esa representación implica la pérdida de curul.

La Ley de Partidos Políticos, en su artículo 38, define el transfugio como la adopción pública de posturas contrarias a los principios y programa de la organización que postuló al representante. El artículo 39 refuerza que todo espacio electivo pertenece a la organización política que lo ganó en elecciones.

En el plano constitucional, el artículo 11, parágrafo II, numeral 3 de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que la democracia se ejerce por medio de la democracia representativa y bajo esta interpretación, el transfugio supone una traición al voto ciudadano.

No obstante, juristas y analistas advierten que estas restricciones entran en tensión con los derechos políticos individuales, reconocidos por los tratados internacionales de derechos humanos que integran el bloque de constitucionalidad boliviano.

Según estas voces, la sanción al transfugio podría vulnerar el derecho a la libre expresión y asociación política, ya que estos solo pueden limitarse en el marco de un proceso penal.

El caso Zegarra, más allá de su alcance interno en Libre, vuelve a colocar sobre la mesa una vieja discusión sobre los límites entre la disciplina partidaria y la libertad de conciencia en el ejercicio del mandato parlamentario.

La bancada Libre ha propuesto un pacto contra el transfugio, pero no ha tenido aún respuesta de otras bancadas como del PDC, Alianza Unidad, APB-Súmate, Alianza Popular y el MAS para que no sufran similares actos de rebeldía de sus diputados y senadores.