Piden auditoria judicial del caso Leopoldo Fernández

La viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, pidió una revisión profunda del proceso penal que involucró al exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, acusado por la Masacre de Porvenir (2008), luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declarara nulo el proceso, presuntamente por no haberse respetado su fuero especial como exautoridad.

Verificar los procesos aplicados

“Debería existir una revisión, una auditoría judicial para verificar todos los procesos que se han seguido. Más allá de esto, esperaríamos primero una posición del Ministerio de Justicia y del Ministerio Público respecto a la cantidad de pruebas presentadas y el resultado determinado por el juez”, afirmó Arraya.

La viceministra subrayó la gravedad de los hechos, recordando que en el caso de Porvenir se tiene a víctimas que perdieron la vida.

“En un contexto de crisis política y social. La pérdida de vidas siempre debe ser sancionada, especialmente para sentar precedentes en nuestro país. Es importante honrar la memoria de los caídos con normas que dejen en claro que los hechos de violencia y represión contra víctimas inocentes serán debidamente sanciones conforme a ley”, enfatizó la viceministra en contacto con los medios de comunicación.

Arraya subrayó que la revisión del caso debe considerar “todos los actuados, la veracidad de las pruebas presentadas por el Ministerio Público y su valoración por parte del juez, siempre en función del bien jurídico protegido, la vida”.

Antecedentes del caso

El proceso contra Fernández se remonta al 11 de septiembre de 2008, cuando un grupo de campesinos y normalistas que se dirigían hacia las oficinas del INRA, en Cobija, fue interceptado en el municipio de El Porvenir, a unos 33 kilómetros de la capital de Pando.

El enfrentamiento entre funcionarios de la entonces Prefectura y los campesinos dejó un saldo de 15 personas fallecidas, según informes de organismos internacionales.

Fernández fue condenado en 2017 a 15 años de prisión por homicidio, junto con otras 13 personas; estuvo en prisión preventiva entre 2008 y 2013, y luego cumplió detención domiciliaria hasta 2019.

En las últimas horas, el Tribunal Supremo de Justicia instruyó que los antecedentes del proceso sean remitidos al fiscal general del Estado, Roger Mariaca, para que se inicie un juicio de responsabilidades.