CEJIS: la normativa permite el ingreso de los piratas del carbono y los falsos protectores del medio ambiente

El Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS) advirtió que la apertura reciente de Bolivia al mecanismo del mercado de carbono está en el telón de fondo de la firma de contratos entre representantes del falso Estado de Kailasa y dirigentes de territorios indígenas de tierras bajas. Desde octubre de 2024, la norma boliviana abre las puertas al desarrollo de este negocio que tiene en la mira a los territorios indígenas por ser quienes todavía conservan sus bosques.

En entrevista, el director ejecutivo del CEJIS, Miguel Vargas, explica que el terreno está preparado para la llegada de empresas privadas sin salvaguardas ambientales y sociales.

¿Qué está detrás de la estafa promovida por estos representantes del inexistente Estado de Kailasa?

Lo que está ocurriendo en el país es el resultado del cambio de un paradigma en las relaciones del Estado boliviano respecto de las políticas de conservación internacional vinculadas a los planes REDD y REDD+, que básicamente plantean la mercantilización del medio ambiente y de los recursos naturales como una falsa solución a los impactos generados por el cambio climático y las actividades extractivas. Hasta hace unos años, Bolivia tenía una posición clara respecto de no permitir estos proyectos, sin embargo, corrientes dentro del Ejecutivo y el Legislativo han promovido el cambio sin considerar los efectos en los territorios indígenas, su soberanía y la soberanía del país.

  En el nivel Legislativo se presentó una acción de inconstitucionalidad abstracta a los contenidos de la Ley 300, Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral, para declarar inconstitucional la no mercantilización de los servicios ecosistémicos. En este contexto, un primer elemento es que la Sentencia Constitucional 040 establece la inconstitucionalidad del principio de la no mercantilización, es decir que va en contra de los tratados internacionales que ha suscrito el país, como el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París. Esto da pie a entrar en la dinámica del mercado de carbono. Un segundo elemento tiene que ver con la decisión política del gobierno de desarrollar estos proyectos; para ello, al amparo de la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, promulga el Decreto Supremo 5264, a través del cual el Estado boliviano permite que, por un lado, las instancias de gobierno puedan gestionar estos recursos, a partir de proyectos de REDD+ jurisdiccional, a desarrollarse en niveles subnacionales y entre gobiernos, por otro lado, abre la ventana a que también empresas privadas, conocidas como desarrolladores o desarrolladoras, y piratas del carbono, ingresen al país sin ningún tipo de fiscalización o regularización y empiecen a realizar negociaciones directas con las comunidades indígenas.

¿La estafa del inventado Estado de Kailasa sería uno de esos casos?

Uno de los casos que estamos viendo ahora es este gobierno ficticio de Kailasa. En el fondo, si se leen los convenios que enviaron a territorios indígenas, lo que están planteando es crear áreas para conservar el medio ambiente, el bosque, frente a la deforestación y el desarrollo de actividades extractivas. Personas, organizaciones y/o fundaciones y empresas como estas hay varias. Desde el CEJIS se tiene información, por ejemplo, de que otras desarrolladoras han estado tratando de promover estos convenios en los territorios indígenas de Monte Verde, Lomerío, en el TIPNIS y en el Multiétnico II. Incluso llegaron a firmar acuerdos que se regulan por la normativa comercial ante la ausencia de una regulación clara a nivel nacional para estos proyectos que son promovidos por empresas privadas.

¿Qué hacen esas desarrolladoras? Lo que se sabe de manera general es que son los Estados industrializados los que están interesados en comprar bonos de carbono para justificar su contaminación...

Son dos dimensiones. Una, la REDD+ jurisdiccional en la que los Estados que contaminan tratan de compensar esa contaminación y emisión de gases de efecto invernadero, a partir de proyectos en territorios de los Estados que tienen un nivel de contaminación o deforestación menor; esos son convenios entre Estados regulados en función del cumplimiento de sus compromisos a nivel internacional. Pero luego están los proyectos REDD+, vinculados a empresas o grandes transnacionales que emiten gases de efecto invernadero, que son voluntarios, que tratan de compensar ese impacto a partir de la compra de bonos de carbono en países como Bolivia, en los que el nivel de deforestación y la conservación de bosques está todavía en condiciones favorables.

¿La estafa del Estado de Kailasa entraría en esta segunda forma?

En los proyectos REDD+, que no son obligatorios sino voluntarios, la ruta está trazada por desarrolladores, empresas o fundaciones que van buscando países cuyos territorios, y particularmente territorios indígenas, aún conservan su bosque. Los pueblos indígenas están en desventaja en estos casos porque los desarrolladores tratan de poner en una especie de comodato sus territorios para luego ofertarlos al mercado de carbono internacional a través de certificaciones de bonos. Es un negocio que claramente promueve la especulación.

No existe en este momento en el país una empresa desarrolladora que haya cumplido con los estándares y las salvaguardas en materia de mercados de carbono. En el marco de las discusiones de Naciones Unidas sobre el cambio climático, se ha establecido estándares en el Acuerdo de Cancún, por ejemplo, que dicen que estos procesos tienen que contar con la participación efectiva de los pueblos indígenas, una consulta previa libre e informada y el consentimiento. Estos mecanismos no se están cumpliendo, el ejemplo claro es lo que está ocurriendo ahora con los pueblos Cayubaba y Baures y su relación con el falso Estado de Kailasa. Los desarrolladores son empresas que, así como lo hacen las transnacionales mineras o hidrocarburíferas, van estableciendo relaciones con la dirigencia hasta lograr la firma de convenios sin conocer las consecuencias para la soberanía de sus territorios. Hay un peligro latente para los territorios indígenas, y está sucediendo en un contexto desfavorable para que Bolivia ingrese a esta dinámica. La sobreoferta a nivel global de los certificados de carbono muestra que ya no es un negocio. Entonces lo que van a recibir realmente las comunidades indígenas en este contexto es una incógnita.

¿Al momento de emitir el Decreto Supremo 5264, no se han emitido también mecanismos de protección para los pueblos indígenas?

Lamentablemente, el acceso a recursos a partir de la protección del medio ambiente en un contexto de cambio climático y mayor deforestación no se materializa porque no existe una relación directa entre los pueblos indígenas y las empresas con las que van a establecer una relación. En segundo lugar, no está claro qué características tienen los contratos, las experiencias en otros países muestran que lograr una certificación de bonos de carbono implica mantener intangibles algunas áreas; para los pueblos indígenas eso significa dejar prácticas habituales como la caza y pesca, la gestión misma del territorio. El gobierno, en el Decreto 5264, designa a las autoridades competentes y establece una institucionalidad laxa, pero no menciona quiénes evalúan o priorizan los proyectos y programas de este proceso, más allá de dar responsabilidad al Ministerio de Economía para gestionar el canje de la deuda por naturaleza y acción climática.

La norma adolece de las salvaguardas a favor de los pueblos indígenas, a pesar de la evidencia de que los espacios mejor conservados en bosque y suelos están en los territorios indígenas. Estos desarrolladores, empresas, personas privadas, estos Estados que no son Estado, pueden ingresar al país y desarrollar negocios entre privados sin ningún control. El caso de Kailasa tiene que ver también con la soberanía nacional. No puede ser que un Estado que no es Estado llegue al país, se reúna con autoridades o tenga la oportunidad de compartir espacios con autoridades de alto nivel y nadie sepa qué es lo que se están haciendo.

Si los desarrolladores del mercado de carbono están con las puertas abiertas en Bolivia, ¿conoce casos en los que hubieran firmado contratos con pueblos indígenas?

Sí, y tienen contratos que causan preocupación. Nosotros hemos revisado un par de contratos firmados en los que, en caso de controversia entre la empresa desarrolladora y el pueblo indígena, no existe posibilidad de que el pueblo indígena recurra a un tribunal de garantías o, en el marco de su libre determinación, anule el convenio. Los contratos señalan que para el caso de una empresa que se constituye aquí, en Santa Cruz, la instancia para resolver controversias es el tribunal de controversias y arbitraje de la CAINCO. Esto tiene que estar regulado, no puede ser que algo que tiene el carácter de propiedad colectiva ―estamos hablando de bienes comunes, como son los bosques, los territorios indígenas― termine siendo objeto de una negociación entre terceros, en ámbitos establecidos para una relación entre privados. Existe una responsabilidad de las autoridades indígenas, pero fundamentalmente del Estado que es sujeto de obligaciones y que tiene que garantizar las condiciones institucionales para que los pueblos indígenas no terminen siendo víctimas de estafa o negociados, o que terminen entregando su soberanía territorial.  (Con información del CEJIS).