La Defensoría registra 1.683 denuncias sobre derechos laborales e insta al Estado a tomar acciones

Entre 2023 y abril de este año, la Defensoría del Pueblo registró 1.683 denuncias sobre derechos laborales en Bolivia e instó al Estado a tomar acciones enfocadas a garantizar los derechos laborales y el acceso a procedimientos eficaces para la atención de denuncias de acoso laboral.

Los datos fueron difundidos en ocasión a este 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, que se recuerda en Bolivia con diferentes marchas que recuerdan a los mártires de Chicago, Estados Unidos, quienes ofrendaron sus vidas por lograr las ocho horas laborales en el mundo.

De los 1.683 casos registrados hasta el momento, la Defensoría del Pueblo identificó entre las principales vulneraciones al salario justo, a no sufrir acoso laboral, a la inamovilidad laboral, al empleo digno y al pago de beneficios sociales.

Este panorama advierte que, si bien hay normativa en materia laboral, aún se requiere de acciones para efectivizar el goce efectivo del Derecho al Trabajo.

De los datos señalados, la Defensoría expresó su preocupación por la cantidad de denuncias recibidas por acoso laboral, que ocupa el segundo puesto de las vulneraciones más recurrentes con 304 denuncias entre 2023 hasta abril de este año.

Frente a este escenario, la Defensoría del Pueblo, instó al Estado tomar acciones enfocadas a garantizar los derechos laborales y el acceso a procedimientos eficaces para la atención de denuncias de acoso laboral.

“En la actualidad, Bolivia no cuenta con una ley que regule el acoso laboral, siendo un tema pendiente que se arrastra desde la promulgación de la Constitución Política del Estado de la gestión 2009, habiendo transcurrido más de 15 años sin que se hubiera emitido una Ley que determine sanciones, pese a la previsión de protección a la estabilidad laboral y la prohibición constitucional de toda forma de acoso laboral”, añade el pronunciamiento.

Recordó que todos los niveles del Estado deben aunar fuerzas para que el derecho laboral y el acceso a procedimientos sean prontos, oportunos y transparentes, haciendo lo posible para que todas y todos avancemos juntos en el ejercicio de nuestros derechos.