Tribunal rechaza pedido para que el juicio de Camacho se desarrolle de manera virtual

El Tribunal Octavo de Sentencia de Santa Cruz negó la solicitud del asambleísta departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS), Clemente Ramos, para que la audiencia del 11 de marzo del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, por el caso “decretazo” se desarrolle de manera virtual.

La defensa de la autoridad cruceña, Martín Camacho, difundió mediante sus redes sociales un documento donde el tribunal observó el pedido del legislador para que la audiencia no sea presencial en el penal de Palmasola.  

“La audiencia en el caso “decretazo” será presencial. El Tribunal negó la petición de audiencia virtual realizada por asambleístas del MAS. La ley esta para ser cumplida no para ser usada a capricho del presidente o de un ministro. El @ElgobernadorLfc tiene que venir a Santa Cruz. (sic)”, escribió el jurista en la red social X.

En el documento, el tribunal indica que la audiencia debe ser presencial en virtud a lo que establece al artículo 115 de la Constitución Política del Estado, donde señala que “toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”.

Y además menciona que desde el 31 de julio de 2023 se levantó la declaratoria de emergencia sanitaria contra el COVID-19 y se pasó a emergencia sanitaria nacional “y los juicios orales e vienen desarrollándose de manera presencial bajo los principios procesales previstos en el Título II Capítulo I del Código de procedimiento Penal en sus arts. 329 y siguientes”.

La Dirección General de Régimen Penitenciario dijo que se encuentra a la espera de informes policiales que determinen si existen o no las garantías para efectuar el operativo de traslado de Camacho desde Chonchocoro hasta Palmasola.

Horas antes, Camacho acusó al presidente Luis Arce de buscar “desobedecer” la orden judicial con el objetivo de impedir su traslado a la capital cruceña para que asista al inicio de su juicio oral en el caso de la aprobación en 2022 del Decreto Departamental 373, presuntamente irregular.