TSE: Elecciones judiciales requieren un mínimo de 90 días para organización, advierte Vocal
La incertidumbre sobre el mandato de los magistrados agrava la necesidad de una rápida resolución legislativa
En medio de la incertidumbre en torno al mandato de los magistrados y la urgente necesidad de organizar elecciones judiciales, la vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dina Chuquimia, destacó que el Órgano Electoral requiere un mínimo de 90 días para llevar a cabo este proceso una vez que se hayan preseleccionado a los candidatos.
"Inicialmente, en una reunión nacional, nosotros hablamos de que las elecciones judiciales podrían realizarse no en menos de 120 días, hablamos de 90 días para una ejecución en el marco del cumplimiento de un calendario electoral, 120 días por supuesto que sería mucho mejor, pero estamos hablando ahora de una planificación de por lo menos 90 días, los cuales nosotros requeriríamos para ejecutar las elecciones judiciales", explicó Chuquimia, según cita la ABI.
En este proceso electoral, los ciudadanos bolivianos deben elegir a 26 autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), el Tribunal Agroambiental, el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo de la Magistratura.
Hasta la posesión de las nuevas autoridades, continuarán en el cargo los magistrados y consejeros electos en octubre de 2017, en cumplimiento de la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023.
Sin embargo, el proceso está actualmente detenido, a la espera de que la Asamblea Legislativa apruebe una ley para la convocatoria y reglamentación de la preselección de candidatos, un paso crucial que requiere dos tercios de votos para su aprobación.
Con el objetivo de destrabar este estancamiento, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, convocó a los jefes de bancadas de las tres fuerzas políticas para este jueves, buscando consenso en un proceso paralizado desde finales de mayo.
Desde el Gobierno nacional, el ministro de Justicia, Iván Lima, instó al Legislativo a aprobar una norma y advirtió sobre el riesgo de que las elecciones judiciales se sigan demorando, corriendo el peligro de no realizarse este año, lo cual tendría implicaciones ante la proximidad del proceso previo a los comicios generales de 2025.