Decisión del TSE de cancelar el balotaje en La Paz desata críticas

La decisión de dejar sin efecto la segunda vuelta electoral para la Gobernación de La Paz ha encendido un nuevo foco de tensión política. Lo que debía resolverse en las urnas el próximo 19 de abril terminó definido en una sala institucional, tras la declinatoria de una de las fuerzas en contienda, generando un intenso debate sobre los alcances de la ley electoral y los derechos de los votantes.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) se ratificó en su postura: no habrá balotaje. La determinación, asumida por Sala Plena el 1 de abril, responde a la renuncia formal de la organización política Nueva Generación Patriótica (NGP) a participar en la segunda vuelta, lo que —según la normativa vigente— obliga a proclamar como ganador al candidato que permanece en carrera.

En este caso, la medida abre directamente la puerta a la Gobernación para Luis Revilla, candidato de la alianza Patria-SOL, y deja fuera de competencia a René Yahuasi, quien había sido impulsado por NGP.

La ley como argumento central

El TSE ha sustentado su decisión en el artículo 64 de la Ley de Régimen Electoral. Según esta disposición, si una de las dos fórmulas que acceden a segunda vuelta decide declinar por escrito, el proceso no se lleva a cabo y la victoria se adjudica automáticamente a la otra candidatura.

A través de un informe difundido por el portal Fuente Directa, el órgano electoral explicó que esta figura no es nueva y que ha sido aplicada anteriormente en al menos seis procesos electorales —entre generales y subnacionales— sin generar observaciones significativas.

“El Tribunal no tiene margen para rechazar esta decisión, porque se trata de un derecho reconocido a las organizaciones políticas”, señala el documento, que advierte que actuar fuera de este marco implicaría incurrir en delitos como incumplimiento de deberes o resoluciones contrarias a la Constitución.

La declinatoria de NGP fue presentada mediante un documento notariado por su delegado político acreditado, en el que se comunica que la decisión fue asumida por el Comité Ejecutivo Nacional del partido. Como argumento, se expone que el candidato René Yahuasi habría cortado toda comunicación con la dirigencia y la militancia.

Una decisión rápida y sus razones

Otro de los aspectos que generó cuestionamientos fue la rapidez con la que el TSE resolvió el caso. Sin embargo, la institución justificó su accionar en la necesidad de brindar certidumbre a la ciudadanía y garantizar el cumplimiento del calendario electoral.

La segunda vuelta estaba programada para el 19 de abril, lo que obligaba a avanzar con una serie de tareas logísticas, como la designación de jurados electorales, la producción de material electoral, el sorteo de franjas y la contratación de servicios.

“El tiempo es determinante en un proceso electoral. Cada decisión tiene un impacto operativo”, sostienen desde el ente electoral.

El debate: ¿legalidad vs. legitimidad?

Más allá del respaldo normativo, la decisión ha abierto un debate más profundo sobre la legitimidad democrática del proceso. Diversos actores políticos y analistas han cuestionado que una elección pueda definirse sin que la ciudadanía acuda nuevamente a las urnas.

El caso paceño pone sobre la mesa una tensión recurrente en sistemas democráticos: el cumplimiento estricto de la ley frente a la percepción de justicia y representatividad.

Para algunos sectores, la aplicación del artículo 64, aunque legal, termina restringiendo el derecho de la población a elegir entre alternativas en una instancia decisiva.

Recurso internacional

La polémica escaló rápidamente al plano internacional. El senador del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Wilder Veliz, anunció que acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas cautelares que permitan garantizar la realización de la segunda vuelta.

El legislador denunció una “flagrante vulneración de derechos políticos”, tanto individuales como colectivos, al considerar que la decisión afecta directamente a más de dos millones de votantes en el departamento de La Paz.

“Se está atentando contra la democracia y contra la voluntad soberana del pueblo. No podemos permitir que se desconozca el derecho fundamental a elegir libremente a nuestras autoridades”, manifestó.

Veliz adelantó que se agotarán todas las vías legales, tanto en el ámbito nacional como internacional, para revertir la medida.

CIDH
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Vacíos legales y reformas pendientes

En medio de la controversia, el propio TSE ha reconocido que la normativa electoral vigente presenta vacíos y contradicciones. El presidente del órgano electoral, Gustavo Ávila, reiteró la necesidad de impulsar reformas estructurales a la ley, una tarea pendiente que se arrastra desde procesos anteriores, como las elecciones judiciales.

No obstante, fue enfático en señalar que, mientras la ley esté vigente, su cumplimiento es obligatorio.

“Podemos no estar de acuerdo con algunos aspectos, pero debemos aplicar la norma. Lo contrario implicaría actuar fuera del marco legal”, sostuvo.

El TSE anunció que, una vez concluidas las elecciones subnacionales, presentará una propuesta de modificación del régimen electoral ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.