Lucha al contrabando: entre propuestas más punitivas y sugerencias para una mayor formalización

“Hemos creído que se podía cambiar esta situación en el gobierno de Luis Arce, pero no vemos cambios”, dice Félix Huaycho, dirigente de la Federación de micro y pequeños empresarios de Santa Cruz que da cuenta de cómo el aumento del contrabando ha ido quitando mercados a los productos nacionales y dejando muchos emprendimientos en agonía.

La falta de movimiento económico y mercados para los productos nacionales, agravado por el ingreso de mercancía de contrabando, “mantiene a las unidades productivas al borde de la quiebra”.

“Si bien algunos microempresarios accedieron a créditos del programa SIBolivia, promovidos por el gobierno, solo se convirtieron en deuda al no haber mercados”, destaca Huaycho.

Los productores nacionales consideran que las normas existentes, para luchar contra el contrabando, son muy débiles frente a grupos muy bien organizados que internan mercancía de contrabando o se dedican a venderlas, y que han devenido por la forma de actuar en “crimen organizado”.

De acuerdo a las estimaciones de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) con datos de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), los esfuerzos del Estado han resultado insuficientes, al menos en los últimos 14 años, al pasar los productos de contrabando ingresados al país de 1.000 millones de dólares en 1999 a 3.331 millones en 2022. Este negocio ilegal crece anualmente al doble de la economía de Bolivia y en la gestión pasada representó una evasión tributaria de 930 millones de dólares.