Soboce continuará con acciones legales tras fallo de La Haya a favor de Bolivia en caso Fancesa

La Sociedad Boliviana de Cemento SA (SOBOCE) ha expresado su intención de continuar con acciones legales tras el fallo de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) de La Haya, que favoreció al Estado boliviano en el caso de expropiación de acciones en FANCESA.

El dictamen de la CPA exime al Estado boliviano del pago de los 269,4 millones de dólares demandados por Soboce, así como por el Grupo Gloria, el Consorcio Cementero del Sur y Yura Inversiones Bolivia. El tribunal arbitral internacional se declaró incompetente para resolver la demanda presentada por este consorcio cementero tras la estatización de las acciones de Fancesa en 2010.

“SOBOCE junto a sus accionistas del Grupo Gloria del Perú continuará acudiendo a los canales judiciales y/o arbitrales (nacionales e internacionales) para el reconocimiento de sus derechos. Creemos en la justicia y en el derecho legítimo que nos asiste, puesto que la Constitución Boliviana garantiza el pago de indemnizaciones en caso de expropiación. La confiscación de bines, activos y derechos está prohibida por la propia Constitución”, cita el comunicado difundido este miércoles por la empresa.

El conflicto se originó cuando el gobierno de Evo Morales, mediante el Decreto Supremo 0616, transfirió el 33,33% de las acciones de Soboce en Fancesa a la Gobernación de Chuquisaca. La gestión de estas acciones estaba bajo la administración de Esteban Urquizu (MAS) en ese momento. El resto de las acciones de la fábrica chuquisaqueña pertenecen a la Alcaldía de Sucre (33,33%) y la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca (33,34%).

En 1999, Soboce adquirió las acciones de Fancesa de la entonces Prefectura de Chuquisaca por 26 millones de dólares. Tras esta adquisición, la empresa pasó a tener 69.095 acciones, mientras que la Alcaldía y la Universidad mantuvieron 69.074 acciones cada una.

En 2011, el Grupo Gloria de Perú compró el 47% de las acciones en Soboce que habían sido adquiridas previamente por la cementera mexicana Chihuahua.

El procedimiento arbitral por la expropiación de las de Soboce en Fancesa fue presentado ante la Corte Permanente acciones de Arbitraje el 11 de enero de 2020, invocando la cláusula arbitral de un convenio entre Perú y Bolivia sobre promoción y protección recíproca de inversiones. La decisión de la CPA declara la incompetencia del tribunal para resolver esta demanda, eximiendo al Estado boliviano del pago reclamado por Soboce y otras empresas involucradas.