Juez otorga tutela a indígenas y dicta medidas de protección ambiental contra la contaminación minera

Después de una audiencia virtual que se prolongó por más de 15 horas, el Juez de Rurrenabaque (Beni) determinó dar la tutela a la Acción Popular presentada por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), con la paralización de toda actividad minera ilegal en los ríos Beni y Madre de Dios, y sus afluentes, además en los ríos Alto Beni, Kaka, Tuichi, Quiquibey y Tequeje. 

La CPILAP señaló que ha logrado demostrar que la minería aurífera ilegal está afectando negativamente a su derecho a la salud, medio ambiente y a la consulta previa libre e informada. 

Los representantes de los ministerios de Medio Ambiente y Agua, de Minería y Metalurgia, de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), y del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz no pudieron desvirtuar las consecuencias ocasionadas por el mercurio empleado en las operaciones mineras, según nota de prensa difundida por la Central. 

El juez Edwin Pallete estableció que la actividad minera ha vulnerado el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y dispuso que este proceso debe alcanzar también a los derechos preconstituidos. 

Determinó la suspensión de toda actividad minera que no tenga licencia ambiental y ordenó a la AJAM cumpla con verdaderos procesos de consulta previa, además de la suspensión de la otorgación de nuevos derechos mineros. 

Igualmente dictaminó que se garantice la participación de la CPILAP en el Plan de Acción Nacional de Control del uso de Mercurio. 

Ordenó al Ministerio de Medio Ambiente y Agua, repetir la realización del estudio de calidad de agua y se haga una categorización de contaminación ambiental en todos los ríos mencionados, también en sedimentos y peces, junto con la rehabilitación de aguas y peces contaminados. 

Estableció remitir antecedentes a la Fiscalía sobre la contaminación con mercurio de las personas para identificar responsabilidades penales. 

Además, decretó la instalación de un puesto de control para que la AJAM, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana realicen controles rutinarios de los ríos referidos para evitar la proliferación de actividad minera ilegal.