Gobierno evaluará presuntos tratos entre policías y clínicas privadas que atienden el SOAT

El Ministerio de Gobierno evaluará presunto “trabajo conjunto” que realizan algunas unidades policiales con clínicas privadas, a donde son trasladados heridos de accidentes de tránsito por temas de SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) y otros gastos médicos, con los que supuestamente se beneficia a determinados centros de salud. La representación de Derechos Humanos de El Alto cuestiona que no se sancione a efectivos policiales.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, afirmó a ANF que esta situación será motivo de una evaluación con la institución aseguradora, debido a que se realizarían gastos indiscriminados por parte de las clínicas. Además, admitió que el personal policial, que inicialmente atiende los accidentes, “no necesariamente está capacitado” para ello.

“Es parte de un trabajo que vamos a realizar con (la seguradora) Univida, en algunos casos -no vamos a generalizar- pero lo que se presume es que habría una especie de trabajo en conjunto entre el policía o la instancia o institución que atiende el caso, con alguna clínica privada donde, justamente, por el tema de SOAT y de los gastos que se tienen que asumir, son llevados principalmente a éstas porque se considera un ingreso para ellas”, explicó la autoridad. 

Explicó que dentro del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2021-20225, que se viene elaborando, se realizará evaluaciones respecto a los cobros “indiscriminados” que realizan los centros de salud privados en casos de heridos, ya que el monto del SOAT (Bs 24.000) no alcanzaría para cubrir los servicios médicos necesarios.

“Eso también se da porque están haciendo cobros indiscriminados, y existe una gran variación de acuerdo a la tabla de servicios que presta el SUS (Sistema Único de Salud), porque también ya existe una cuantificación de esto, a lo que ellos están cobrando como servicios privados y ese es un trabajo que estamos iniciando con Univida, considerando que ellos emiten el SOAT”, explicó la autoridad.

A tiempo de admitir la falta de capacitación de algunos policías que acuden a la atención de los hechos de tránsito, Ríos informó que su despacho inició un debate con la Dirección Nacional de Tránsito y bomberos sobre este tema. Asimismo, se elabora un protocolo junto al Ministerio de Salud sobre el procedimiento a seguir ante un accidente de tránsito a partir de las competencias de las distintas instituciones, pero tomando en cuenta que la Policía “es la primordial” por todas las acciones que debe realizar.

“La primera institución que normalmente llega cuando se da un tipo de suceso es la Policía, no necesariamente con un personal capacitado, pero la institución que primero llega es la primordial por todas las acciones que tiene que realizar, por ello justamente estamos trabajando con el Ministerio de Salud en un protocolo que nos permita medir o diseñar cuál debe ser el camino dependiendo también de las distintas situaciones que presenten”, dijo. 

Virginia Ugarte, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (Apdh) de El Alto advirtió que estos acuerdos entre algunos policías y las clínicas privadas son evidentes en esta ciudad y cuestionó que las autoridades del Ministerio de Gobierno y de la Policía no sancionen a los malos elementos que incurren en estos actos.

“Se debe sancionar a aquellos, algunos policías, que a manera personal tengan unos tratos para llevar a alguna clínica particular, debería ser a donde establece, donde tendría que ser, a los hospitales estatales, y en algunas ocasiones habiendo un hospital cercano al accidente tienen que llevar a los heridos a una distancia muy lejana, y además incluso se pierde la vida. Eso se debería sancionar”, precisó a ANF. 

La situación es recurrente en la ciudad de El Alto, dijo, y que las clínicas y hospitales privados a dónde son llevados los heridos son dos o tres, y es de conocimiento de toda la ciudadanía. 

“Nosotros como Asamblea de Derechos Humanos, que defendemos a la sociedad civil, estamos muy preocupados por este tema”.

El viceministro, a favor de la Policía, explicó que esta institución realiza “constantemente” distintos controles y evaluaciones respecto al tiempo de demora en la atención a los accidentes de tránsito a través de la Inspectoría General.

De acuerdo con Ríos existe una instrucción del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, para que en el diagnóstico, que se realizará en distintas ciudades, se tome en cuenta el tiempo de atención a un hecho de tránsito, cuál es la instancia o unidad policial que atendió en un primer momento, y a qué centros de salud son llevados recurrentemente las víctimas.

“Por otro lado veremos también el comparativo de costos, porque Univida contiene toda esta información, tiene incluso todo el universo del parque automotor que ya adquirió su seguro. Estamos trabajando en esto para poder tener un control en este tipo de hechos”, comprometió.

Respecto a la falta de capacitación referida por Ríos, con el protocolo elaborado junto al Ministerio de Salud las autoridades proyectan mejorar los procedimientos debido a que en la primera respuesta a un accidente es atendida muchas veces no por policías de la unidad de tránsito sino de bomberos, policía caminera u otros por lo que se busca perfeccionar las acciones iniciales de atención y auxilio a las víctimas, con lo que además se cuantificará “la eficiencia en tiempos y efectividad del auxilio”. 

Ugarte manifestó que existen muchas falencias y denuncias en contra del procedimiento policial en estos casos y se espera que se trate del criterio personal de algunos policías que incurren en los acuerdos con los centros médicos privados y no de alguna instrucción institucional con conocimiento de los altos mandos y del Ministerio de Gobierno.

De acuerdo a datos del Gobierno, divulgados a inicios de febrero, Bolivia registró alrededor de 15.556 accidentes de tránsito el año pasado, los que dejaron a 20.357 personas afectadas.

En tanto, la Unidad Operativa de Tránsito reportó que al primer trimestre de este año, los accidentes de tránsito sumaron 4.071, ocasionando 300 muertes y 3.064 heridos.

Además de los factores mencionados para los hechos de tránsito, el Viceministerio de Seguridad Ciudadana realiza el seguimiento y evaluación de otros por los cuales también se trabaja para reducir las estadísticas de siniestralidad.