Formalizan nueva imputación contra Jeanine Áñez

Genocidio, asesinato, asesinato en grado de tentativa son los delitos en los que Jeanine Áñez habría incurrido según la imputación formal presentada por la Fiscalía Departamental de Cochabamba en el caso denominado Masacre de Sacaba.

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“Los suscritos fiscales (…) imputan formalmente a: Jeanine Áñez Chávez por la comisión del delito de asesinato con relación a las 10 personas fallecidas, (…) y asesinato en grado de tentativa con relación a los 90 heridos, así como el delito de genocidio previsto en el artículo 138 del Código Penal, calificación provisional en calidad de autor de los hechos”, se lee en la imputación formal presentada el 17 de abril.

Según la comisión de fiscales, en noviembre de 2019 se “consolidó” una estructura de “poder organizado, orientada a ejercer una represión violenta, a sabiendas que esto generaría la muerte de personas y lesiones en otras”, ante protestas que exigían respeto a su derecho al voto, a la wiphala y a la mujer de pollera en Sacaba.

“La ahora imputada Jeanine Áñez, como muestra explicita de ejercer esa represión violenta (uso de armamento y munición letal) contra determinados sectores de la población (comunidades interculturales del trópico de Cochabamba) previa coordinación con los ministros de Gobierno y Defensa, emite el Decreto Supremo 4078”, señala la imputación.

La Fiscalía argumenta que la imputada en coordinación con sus ministros Fernando López y Arturo Murillo coordinaron las operaciones conjuntas entre policías y militares para arremeter contra las movilizaciones ya anunciadas.

Las operaciones “determinaban implícitamente el uso de armas de fuego, puesto que exoneraba de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas” en el conocido como el “Decreto de la Muerte”.

Ahora la Fiscalía señala que al ser un caso de “relevancia social” requiere una atención prioritaria en sentido que se dé celeridad para dar fecha y hora para la audiencia cautelar en la que justificarán que la imputada sea detenida de manera preventiva por seis meses en la cárcel de Miraflores, donde actualmente está recluida por el caso Golpe I y II.

Aquel 15 de noviembre del 2019 quedó plasmado en la memoria de los cochabambinos tras que la movilización de cocaleros del Chapare intentó ingresar al centro de la ciudad de Cochabamba exigiendo que se respete la democracia y la wiphala.