El hacinamiento en las cárceles es del 217%

La taza de hacinamiento en las cárceles es del 217% y que la causa principal es el empleo “excesivo” de la prisión preventiva, reveló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe preliminar de su visita “in loco” a Bolivia.

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Durante los días que estuvo en el país, la misión realizó una visita por las cárceles de Chonchocoro y Miraflores, todos ubicados en La Paz, para conocer la situación de los derechos humanos en la que se encuentra la población recluida.

En las visitas, la Comisión fue informada que las personas detenidas se enfrentan a una deficiente atención médica por insuficiente número de personal médico y

medicamentos, falta de prestación regular de servicios de salud sexual y reproductiva, escasez de agua y alimentos derivados del bajo valor del prediario.

Además de ausencia de espacios exclusivos para recibir visitas, y dificultades para acceder a la educación superior; a ello se suman las infraestructuras con “deficiencias físicas”.

“La causa de esta situación se enmarca en un empleo excesivo de la prisión preventiva, que, de medida excepcional, se convirtió en una práctica recurrente”, afirmó la primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena.

Recordó que la prisión preventiva debe regirse por el principio de presunción de inocencia, además de tener en cuenta su naturaleza “excepcional, y aplicarse de conformidad con los criterios de legalidad, necesidad y proporcionalidad”.

“Ello significa que, en ningún caso, la duración de la detención preventiva puede extenderse más allá de la pena máxima establecida para el delito en cuestión”, afirmó.

Afirmó además que los últimos tres años se incrementó en un 50% el número de la población penitenciaria. Esta situación –dijo Arosemena– se ve “agravada ante la existencia de obstáculos en el acceso a beneficios que reducen el tiempo en prisión, con un impacto diferenciado en las mujeres, especialmente aquellas mayores”.

Observó incluso la falta de aplicación de indultos a mujeres mayores de 55 años, mujeres embarazadas y, madres de niñas y niños menores de 12 años; y, en casos más extremos, la permanencia en detención de personas que ya han cumplido con la totalidad de sus condenas.

Pese a ello, valoró la adopción de medidas para la reinserción social especialmente en el campo laboral.