Protesta en Santa Cruz: Cívicos denuncian“terrorismo de Estado”

Después de otra jornada de movilizaciones en Santa Cruz, respondidas duramente por las fuerzas policiales, el Comité Cívico cruceño denunció “terrorismo de Estado” y el propio gobernador, Luis Fernando Camacho, reconoció temer por su vida y responsabilizó al presidente Luis Arce en el caso de que le suceda algo.

Mientras tanto, el gobierno guardó sepulcral silencio respecto a estos hechos tanto en los medios oficiales como en los personales salvo el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, que desde hace días utiliza sus redes para informar sobre los manifestantes detenidos y sentenciados por “delitos de destrucción y deterioro de bienes del Estado, asociación delictuosa, incendios, entre otros”, ayer fueron 11.

Terrorismo de Estado

El Comité pro Santa Cruz, mediante un comunicado, denunció ante la comunidad internacional que en Bolivia el Gobierno ha instaurado un "régimen de terrorismo de Estado e inseguridad jurídica".

Según los cívicos, este régimen se implementa mediante la persecución política y la criminalización de facto del ejercicio del disenso, la protesta y la libre expresión.

Además, acusó al Gobierno de Luis Arce de manipular y tener sometido al Ministerio Público, a la Policía y a los tribunales de justicia.

El comunicado surge después de las jornadas de protesta y enfrentamiento con la Policía, que se registraron en Santa Cruz después de la aprehensión de Luis Fernando Camacho.

En el marco de los disturbios, se quemaron entidades públicas y se capturó a decenas de personas. Los cívicos acusan a la Policía de excesos en la represión, mientras que el Gobierno sindica a grupos paraestatales por generar la violencia.

Camacho advierte

El gobernador de Santa Cruz difundió una carta manuscrita y firmada en la cárcel de Chonchocoro, en la cual agradeció por el apoyo que recibió y advirtió que si se produce su muerte será responsabilidad del presidente Luis Arce.

"Decirle a mi Pueblo que cada día que pasa estoy más fuerte que nunca, y que a pesar de mi enfermedad, la que sólo Dios sabe el propósito que tiene conmigo, pero de lo que sí estoy seguro que en ningún momento será motivo o excusa para vender o negociar mis principios, menos traicionar a Dios y mi pueblo. Lo que sí dejo claro es que ya sea por mi enfermedad o cualquier otro motivo que cause mi muerte ésta tendrá nombre y apellido Luis Arce Catacora", dice la carta.

Camacho está en el penal de Chonchocoro desde la madrugada del viernes, tras recibir detención preventiva por el caso denominado "golpe de Estado I", en el cual se le acusa de terrorismo por los hechos de 2019 que llevaron a la renuncia de Evo Morales.

En su encierro, se reveló que padece condiciones de salud que requieren de tratamiento constante. La Defensoría del Pueblo informó que debido a esta situación, se acordó que Camacho reciba medicación con la asistencia de un médico de confianza de su familia, además de tener acceso a interconsulta con otras especialidades como psiquiatría.

En su carta, Camacho calificó de secuestro lo ocurrido con su persona.

Agradeció el apoyo y sostuvo que le da más fuerzas de seguir firme y con los mismos principios, en la lucha por una Bolivia con democracia, libertad y federalismo.

También el pueblo cruceño, llamó a seguir con unidad y la misma fe que les caracteriza.

Recordó que hizo el "compromiso de jamás huir del país ni esconderme como un cobarde, sino por el contrario seguir con nuestra lucha para que en unidad".

"Decirles que así esté preso por este gobierno, no me rendiré, ni doblegaré jamás ante ante esta dictadura masista", agregó.

Otros 11 cívicos son sentenciados

El Fiscal Departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, informó que, en audiencia de procedimiento abreviado, el Ministerio Público demostró con pruebas contundentes que 11 personas son autores de los delitos de  Destrucción o Deterioro de Bienes del Estado y la Riqueza Nacional, Asociación Delictuosa, Instigación Pública a Delinquir e Incendio, relacionados con la quema y destrozos de la infraestructura policial, el incendio de tres  vehículos policiales y la portación de explosivos, por ello, el Juzgado de Instrucción 12vo de la capital dictó sentencia condenatoria de tres años de cárcel a cumplir en el penal de Palmasola.

“La Fiscalía colectó todas las pruebas necesarias como declaraciones de testigos, imágenes de cámaras de seguridad, muestrario fotográfico, tanto de los vehículos quemados como del lugar de los hechos, entre otros, además las 11 personas admitieron su culpa y se acogieron a un procedimiento abreviado, por lo que fueron sentenciados a tres años de cárcel”, dijo Mariaca.

El Fiscal, Cándido Blanco, informó que el hecho se registró el 31 de diciembre a las 01:00 horas, aproximadamente, cuando un grupo de 500 personas llegaron a inmediaciones del Comando Departamental de la Policía, con actitud agresiva portando palos, petardos y explosivos, en su mayoría encapuchados, estas personas protagonizaron hechos de vandálicos, destrozos en la infraestructura, quemaron  tres vehículos de uso policial y atacaron a los funcionarios, con piedras y palos.

Las 11 personas fueron aprehendidas el mismo día del hecho y trasladadas a instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), para ser puestos a disposición del Ministerio Público para su respectiva investigación.